El uso de las tarjetas por parte de familiares del rey Emérito se produjo entre 2016 y 2018, cuando éste ya había abdicado y, por lo tanto, había perdido la inviolabilidad. El importe defraudado superaría los 120.000 euros en algunos ejercicios, límite a partir del cual se considera delito fiscal, castigado con hasta cinco años de cárcel.

Ni Felipe VI, ni la Reina Letizia hicieron uso de esas tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no era titular don Juan Carlos. El dinero, según desvela 'El País', pertenecía a su amigo y empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que presuntamente lo puso a disposición del rey Emérito, sin que éste lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.

La regularización voluntaria puede presentarse en cualquier momento antes de que la Agencia Tributaria abra una inspección o un juez cite a declarar como investigado por presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales, lo que supuestamente no había ocurrido todavía, aunque el fiscal anticorrupción llevaba investigando desde 2019.