Siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y sexual. En Castilla La Mancha y en Euskadi existe un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja; y en Cataluña se ha creado una unidad contra las agresiones sexuales, además de poner en marcha protocolos de prevención de abuso sexual en programas de educación en tiempo libre y en el transporte público.

"Aunque se ha mejorado la atención a las víctimas de violencia sexual, ésta sigue siendo desigual. Y hay nueve comunidades que aún no han impulsado medidas que protejan de manera integral a las mujeres. Para que la nueva ley se pueda convertir en una herramienta eficaz, son necesarios presupuestos específicos y suficientes para que las comunidades autónomas puedan poner en marcha recursos para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual", señaló Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España.