González Laya estuvo con el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Manuel Vitorino; con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, y con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet.

Los encuentros tenían como objeto hacer un seguimiento de las relaciones de España con esas organizaciones, en el contexto de los desafíos humanitarios y los derechos humanos en plena pandemia de Covid-19.

Aunque la ministra abordó también las crisis migratorias en el Mediterráneo, en el Sahel y, en particular, la creada por la reapertura de la ruta atlántica que ha provocado estos días una llegada masiva de inmigrantes a Canarias.

Según Exteriores, González Laya informó al director general de la OIM del plan de choque diseñado por las autoridades españolas y solicitó su colaboración.

Por otro lado, con Grandi, puso en valor la asociación estratégica con Acnur, "cuya colaboración ha sido decisiva en un periodo en que España ha visto aumentar de manera exponencial el número de solicitantes de protección internacional".

Además, González Laya informó sobre el cumplimiento por España de los compromisos presentados en el primer Foro Global sobre los Refugiados, celebrado en Ginebra en diciembre de 2019, y anunció el impulso a un Plan de Acción Nacional para la aplicación del Pacto Global sobre los Refugiados.

Con ambos valoró el Pacto Europeo de Migración y Asilo objeto de negociación actualmente, señalando que es "esencial que consagre el principio de la solidaridad y la responsabilidad compartida entre todos los Estados miembros de la UE".

En su reunión con Bachelet, la ministra le presentó la Declaración conjunta por un multilateralismo reforzado, lanzada el pasado 10 de noviembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, junto con otros diez países de todas las regiones del mundo. España considera que Acnudh debe tener un papel relevante en este proceso.

Por otro lado, González Laya le trasladó la seguridad de que, más allá del 31 de diciembre, cuando llega a fin el mandato español de tres años como miembros del Consejo de Derechos Humanos, se podrá seguir contando con España como “honesto y fiable mediador” en las siempre complicadas negociaciones sobre derechos humanos .

Ambas repasaron también la evolución de situaciones de derechos humanos específicas como la de Venezuela o la que afecta a los defensores de derechos humanos en Centroamérica.