Previamente al debate, el Congreso rechazó los 17 votos particulares presentados por los grupos parlamentarios Popular, Ciudadanos, Republicano, EH Bildu y el Grupo Plural (BNG, Compromís y Más País).

Una vez que las recomendaciones han recibido el visto bueno, se remitirán a la mesa del diálogo social y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que sean tenidas en cuenta.

Durante el debate parlamentario, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, destacó que con consenso político y social “conseguiremos medidas eficaces” para solucionar “de forma duradera” los desafíos del sistema público de pensiones que “debe seguir siendo un instrumento de vertebración, inclusión y cohesión que garantice la paz social y la estabilidad política”.

Por parte del PP, Tomás Cabezón consideró que el acuerdo alcanzado “fortalece” a la Seguridad Social y a los pensionistas y dijo dirigiéndose a ERC que se reafirma “el principio de caja única” y “no les va a resultar sencillo romperlo”.

La diputada socialista Mercè Perea destacó que las recomendaciones marcan “líneas rojas” descartando la transformación “radical” del sistema y proclamó que “el IPC ha venido para quedarse”.

Desde Vox, Pablo Sáez criticó el informe por considerarlo un “engaño” y afirmó que “los problemas son de sostenibilidad de las cuentas públicas en su conjunto”. Se quejó de que no haya recomendaciones relativas a la natalidad, la creación de empleo o el aumento de la productividad.

Por el grupo de Unidas Podemos, Aína Vidal reclamó “pensiones suficientes para vivir y no sobrevivir” y destacó que con el informe se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.

Desde Bildu, que presentó votos particulares conjuntos con ERC, Iñaki Ruiz de Pinedo consideró que las recomendaciones “no recogen las necesidades básicas de los pensionistas”, quien defendió una pensión mínima de 1.080 euros mensuales, y Jordi Salvador, de ERC, habló de “saqueo” del Fondo de Reserva o ‘hucha de las pensiones’ que se debería auditar y consideró que la recuperación del IPC para revalorizar las pensiones “tampoco es para tirar cohetes”.

Íñigo Barandiaran, del PNV, destacó que “nadie debería quedar fuera del compromiso de esa garantía del sistema de pensiones” y aunque señaló que las recomendaciones son “mejorables”, dijo que el acuerdo supone “que los ciudadanos tengan confianza en el Sistema” y los votos particulares “no sirven” para ese propósito.

Por parte de Ciudadanos, Pablo Cambronero echó en falta que la comisión del Pacto de Toledo “no haya sido más ambiciosa” con los planes de pensiones privados porque en esta materia “en España estamos muy por detrás de la UE”.

RECOMENDACIONES

Las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo incluyen la subida de las pensiones con el IPC real y su garantía por ley. Para el próximo año se elevarán con carácter general un 0,9% y las no contributivas lo harán un 1,8%, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

El Pacto de Toledo también aconseja continuar con la separación de fuentes de financiación, de manera que las cotizaciones sociales sean destinadas “exclusivamente” a financiar prestaciones contributivas y la imposición general sufrague las reducciones en la cotización, los incentivos al empleo o las prestaciones sobre nacimiento y cuidado del menor.

Para la asunción de esos gastos por parte del Estado, el informe pone de plazo no más allá de 2023, y recomienda que una vez se recupere el equilibrio en las cuentas, se vuelvan a ingresar los excedentes de las cotizaciones en el Fondo de Reserva o la 'hucha de las pensiones'.

En cuanto a la jubilación, considera que la edad efectiva debe acercarse a la edad legal, que en 2021 será de 66 años; aconseja favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria con nuevas medidas de compatibilidad de la pensión y el trabajo, y apuesta por restringir las jubilaciones anticipadas. En este punto, plantea analizar las que se están produciendo y da al Gobierno un plazo máximo de tres meses para plantear soluciones en aquellos casos de jubilación anticipada en los que haya inequidad.

El Pacto de Toledo también recomienda evaluar “a la mayor brevedad posible” el impacto de la progresiva extensión del periodo de tiempo utilizado para calcular la pensión de 15 a 25 años, contemplando la posibilidad de elegir “los años más favorables” para quienes tienen carreras de cotización más irregulares.

En un entorno de avance de la digitalización en el mundo laboral, el Pacto de Toledo apunta, por una parte, a buscar mecanismos que complementen la financiación de la Seguridad Social "más allá de las cotizaciones sociales”, y, por otra parte, incide en “combatir la economía informal” ligada a las plataformas digitales y el uso fraudulento de la figura del falso autónomos.

Respecto a los autónomos, el Pacto de Toledo plantea que en el diálogo social se defina el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, en lo que ya está trabajando el Gobierno.

Por último, pide fomentar, particularmente, los planes de pensiones privados ligados al empleo y “acomodar” la viudedad a las nuevas realidades sociales y a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios.