“Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas”, aseguró durante su primer discurso ante la Asamblea Plenaria de la CEE.

“No es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada a todos” y “respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos —en consonancia a su conciencia, identidad y tradiciones—, y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada”.

“Siempre y cuando se actualicen correctamente y se garanticen las necesidades económicas para una buena prestación del servicio educativo, la fórmula de la concertación pública como mecanismo de financiación de la educación general sigue siendo plenamente válida y útil para que se dé la participación plural, la diversidad que enriquece a la sociedad y la implicación de la ciudadanía en la consecución del bien común”, añadió, dejando la puerta abierta a medidas como el “bono escolar” implantado en otros países.

Omella contextualizó todas estas referencias al ámbito educativo en el llamamiento del Papa al Pacto Educativo Global, que ponga en el centro a la persona y garantice una educación integral “en todas sus dimensiones, humana, relacional, psicológico-intelectual y espiritual”. “Por ello, juzgamos que no se debe quitar de la escuela la formación moral en valores y la clase de religión. Defendemos, pues, la presencia de la asignatura de religión. De hecho, en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad”, justificó.

“El clamor de la inmensa mayoría de la sociedad por un Pacto educativo en España, que sea a largo plazo y que incorpore a todas las fuerzas políticas y también a las entidades civiles y religiosas activas en el campo de la educación, no ha cesado de crecer. Sería conveniente que de este pacto educativo pudiera concretarse una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno”, apostilló, a la par que recordó el peso que tiene la enseñanza concertada en España, que escolariza a los hijos de más de dos millones de familias.

ATENCIÓN ESPIRITUAL Y EUTANASIA

Durante su intervención, el cardenal Omella subrayó que la Iglesia, como otros actores sociales, “ha multiplicado exponencialmente su atención”, a pesar de que la falta de fieles en los templos por la reducción de aforos y cierre de los mismos ha provocado que “no a pocas parroquias les está costando llegar a fin de mes”.

Pese a que laicos y religiosos han aprovechado las tecnologías para acercarse a las personas que más han sufrido la crisis, los obispos reclaman que los sacerdotes puedan prestar atención espiritual directa a quien la reclame.

“No podemos ocultar nuestro dolor ante la imposibilidad de atender a muchos pacientes durante la enfermedad y, particularmente, en los últimos momentos de su vida, por la escasez de material de protección. Confiamos en que se haya aprendido de la situación y, de ahora en adelante, se reconozca la importancia del acompañamiento o asistencia espiritual durante la enfermedad. Sabemos que no se puede imponer, pero creemos que no se puede impedir. El derecho a recibir una atención espiritual es un derecho humano que no se puede vulnerar”, expuso, agradeciendo la labor de otras “personas comunes” que trabajan para aminorar los efectos del Covid-19, desde limpiadores, hasta transportistas y sanitarios y científicos.

Omella también citó otras propuestas del Papa para revivir a la pandemia, como ayudar a las personas migrantes, impulsar una economía inclusiva y sostenible y dar más protagonismo a la sociedad civil para evitar la “desconexión” entre gobernantes y gobernados.

El presidente de la CEE insistió en la defensa de la vida, especialmente la de los más vulnerables, como quienes murieron por criterios de cribado de enfermos por el Covid-19 o las personas dependientes.

DEFENSA DE LA VIDA

“Esta pandemia nos está empujando a recuperar el valor de la vida y, de una manera particular, la de nuestros mayores y la de las personas que viven con más soledad y aislamiento”, aseguró, apelando a desarrollar una “medicina del dolor y de curas paliativas”.

“Ante el sufrimiento que derriba a las personas, algunos proponen la eutanasia como solución. Nosotros, ante este grave dolor humano, apostamos por una cura integral de las personas que trabaje todas sus dimensiones: médica, espiritual, relacional y psicológica. Necesitamos centros sanitarios pensados para el bien de la persona”, defendió.

“No dejaremos nunca de repetir que no hay enfermos ‘incuidables’ aunque sean incurables. La vacuna contra la tristeza, el dolor, la soledad y el vacío existencial de las personas enfermas no puede ser única y exclusivamente la eutanasia. Esta medida no sería ni la más justa, ni la más humana, ni la más fraterna”.

Según el cardenal, la sociedad, “en su conjunto”, debe “promover una ética del cuidado y del reconocimiento personal, no legislaciones y lógicas superficiales e individualistas que extiendan la cultura de la muerte y fomenten el subjetivismo moral”.

“Queremos, pues, renovar nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de la dignidad incondicional de cada ser humano desde el momento de su concepción y con un morir digno en que la vida sea plenamente humana y pacífica hasta el final, excluyendo tanto la anticipación de la muerte como su retraso mediante el ensañamiento terapéutico”, zanjó.