Según el proyecto de presupuestos del Consistorio madrileño presentado este lunes, el presupuesto del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social para 2021 asciende a 283 millones euros, 22 millones más que en 2020, lo que supone un crecimiento del 8,2 % respecto a este año.

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, destacó que está diseñado tanto para “hacer frente a las consecuencias más inmediatas de la crisis social provocada por el coronavirus como para profundizar en la reforma que situará a los servicios sociales madrileños en la vanguardia española y europea”.

Hidalgo comentó que estas cuentas tienen muy presentes a las familias madrileñas que, según los datos recabados por el Área, son las que más están sufriendo la crisis tanto en lo económico como en una mayor presión sobre la conciliación y los cuidados.

Por ello, se incrementará un 25,5% la ayuda en emergencia social hasta alcanzar los 70 millones de euros. En la misma medida, se potencia la atención y los servicios destinados a todos los grupos vulnerables, entre los que destacan las personas mayores, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas sin hogar.

Entre las medidas más ambiciosas e innovadoras destacan los 19 millones de euros más que se destinarán a la Tarjeta Familias, que “ofrece una respuesta digna y eficaz a quienes necesitan ayuda para adquirir alimentos y bienes de primera necesidad”. Para avanzar en la conciliación familiar, se potenciará el Servicio de Apoyo a Familias con Menores (SAF) y la Red de Centros de Día Infantiles. Así, las políticas de Familia e Infancia gestionarán 37 millones de euros.

También se impulsará el programa contra la soledad no deseada entre las personas mayores, “un sentimiento agudizado por la crisis sanitaria”, mediante el abordaje integral de la soledad, con la detección, coordinación, intervención y prevención.

Por ello, se apostará por generar programas y recursos innovadores en la atención a las personas sin hogar, dotando a la ciudad de una estrategia integral en la resolución de una de las problemáticas más graves de la exclusión social.

Además, profundiza en las 21 medidas contra la violencia de género aprobadas en noviembre de 2019, entre las que destaca la inserción sociolaboral de las víctimas mediante la coordinación con la Agencia de Empleo y recursos municipales y colaboración con empresas de inserción.