En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Servimedia, Campo puntualizó que su Ministerio “no controla” esos tiempos, sino que “sólo tiene obligación de poner en marcha esas peticiones de indultos, como ha hecho, y a partir de ahí es el Tribunal Supremo el que solicita informes al Ministerio Fiscal, a Instituciones Penitenciarias, se da traslado a aquellos que se consideren perjudicados, y realmente los tiempos no los controla el Ministerio de Justicia”.

“Cuando el Tribunal Supremo envíe a esta casa esos informes, a partir de ahí evidentemente el control de cuándo se puede llevar al Consejo de Ministros lo tiene el Ministerio, pero lo hace cumpliendo unos protocolos que están absolutamente tasados y de los que se da cuenta al Congreso de los Diputados cada seis meses”, explicó.

Sobre la fecha concreta de las elecciones catalanas del 14 de febrero, Campo dijo que “es difícil que estén aquí (los indultos) porque se han solicitado hace muy poco”, antes de insistir en que “será el tribunal sentenciador el que tiene más o menos el control de los tiempos”.

El ministro negó que el Gobierno tenga una postura acerca de los indultos. Sólo reconoció que “el derecho de gracia es un derecho excepcional”, que “en determinadas circunstancias puede otorgarse” pero que “el nivel de concesión es un porcentaje reducidísimo”, de entre el 2 y el 3%, y que “es un expediente personalísimo, de cada penado”, y cada preso “puede tener su trayectoria y su historia”. “No hay un ámbito preconcebido por parte del Ministerio”, aseguró.

Respecto a la reforma del delito de sedición, el ministro constató que el plan normativo del Gobierno lo establece para “fin de año”, dentro de unos “plazos que tienen flexibilidad”, e insistió que dicha modificación “no debe asustar a nadie”, pues “se trata de adecuar nuestro Código Penal” a otros europeos que son “nuestro referente”, después de 200 años sin que hayan variado los tipos penales. “Son delitos muy graves pero que tienen que adaptarse a la realidad de los tiempos”, enjuició.