El Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva el pasado 29 de octubre el proyecto de Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, que inició su andadura en el Consejo de Ministros el 18 de febrero y que adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario.

La norma, que deroga la Ley de 2003 de firma electrónica, regula aspectos como la comprobación de la identidad y atributos de los solicitantes de un certificado cualificado, la responsabilidad de los prestadores de servicios y un nuevo régimen punitivo con sanciones que podrán llegar hasta los 300.000 euros por infracciones muy graves.

Los certificados cualificados mantendrán un periodo de vigencia máximo de cinco años y los prestadores deberán constituir un seguro de responsabilidad civil por importe mínimo de 1.500.000 euros, excepto si el prestador pertenece al sector público.

Además, la ley designa al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital como organismo responsable de la supervisión de los prestadores de servicios de confianza y de la construcción de la Lista de Servicios de Confianza.

España es el país de la UE con mayor número de prestadores de servicios cualificados, entre los que están la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Dirección General de la Policía.