El informe, impulsado por la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (Ceapa), la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y Garlic y presentado este miércoles, ha recabado información "al azar" y con el método del "comprador misterioso" de los citados 336 centros, 98 de los cuales son de Madrid, 46 de Cataluña (con datos basados en otro informe de 2019) y 31 de Andalucía.

Amparo Núñez, de la consultora Garlic, elevó al 89% (unos 300) de los centros estudiados el carácter obligatorio de las cuotas, porque "de una manera o de otra obligan a pagar". "Ese es el titular", recalcó.

Según sus promotores, el estudio es "representativo" y los datos "son significativos" porque el universo de centros concertados está "entre 4.000 y 5.000", aseguró Núñez. No obstante, reconoció que en los datos "tienen mayor representación de Cataluña y Madrid, que son los que cobran las cuotas más altas".

La directora general de Cicae, Elena Cid, apuntó que incluso en algunos casos si las familias "no pueden o no quieren" pagar a las cuotas se excluye a sus hijos de las actividades. "Es discriminación", protestó.

El informe refleja que sólo 29 colegios estudiados sí son transparentes, aunque Núñez precisó que hay "dos tipos" de concertada, pues en los colegios que sí se pide la cuota, "los importes son muy pequeñitos", por ejemplo de 9 euros. De hecho, según los datos recabados, la cuota más alta se cobra en Cataluña, con un promedio de 255 euros mensuales, seguida de Madrid y el País Vasco, y en el resto de comunidades la media estaría por debajo de los 60 euros. El centro catalán de St. Paul´s encabeza el listado como el más caro de España, con una cuota mensual de 950 euros, en la que se incluiría "todo".

LEY DE EDUCACIÓN

Con estos datos, las portavoces de Ceapa y Cicae reclamaron que la próxima Ley de Educación, la Lomloe que se tramita en el Parlamento, obligue a la transparencia a los centros que perciben fondos públicos. De hecho, la principal conclusión de la investigación es la falta de transparencia a las familias sobre las cuotas que tienen que afrontar, que los centros son reticentes a dar información por escrito y que algunos colegios tampoco informan sobre qué conceptos incluyen esas cuotas.

La directora general de Cicae, Elena Cid, subrayó que "todos sabemos que existen estas cuotas, que son una vía de financiación de los centros, y que algunos abusan" calificando ese extremo de "faude". Por ello, reclamó que la futura 'Ley Celaá' "prohiba estos cobros y oligue a la transparencia y buena gestión del dinero público".

María Carmen Morillas, portavoz de Ceapa, pidió que la Lomloe elimine los conciertos "a quienes imponen las cuotas a las familias, de manera directa o indirecta" y que las familias tengan información completa y transparente, de forma "que sepan lo que les va a costar escolarizar a su hijo".