Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el máximo interés de la Fiscalía General del Estado ha estado y está dirigido a preservar, dentro de sus competencias organizativas, la salud tanto de los/as fiscales como de los funcionarios de la Administración de Justicia que sirven en las fiscalías.

A tal fin la fiscal feneral dictó nueve Decretos, el primero, el 10 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, y el último en fecha 27 de octubre de 2020. En ellos se abordan criterios organizativos para la protección de colectivos vulnerables, la conciliación familiar, el teletrabajo y la mayor utilización de las videoconferencias, muchos de ellos acogidos en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.