Así lo refleja el calendario a cinco años incluido en la orden ministerial que regulará este nuevo mecanismo de subastas y que va a iniciar su trámite de audiencia pública.

En las subastas que el Ministerio quiere realizar este año, al menos 1.000 MW se destinarán a energía eólica; otros 1.000 MW a fotovoltaica y 80 MW a biomasa, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica.

En cuanto al calendario hasta 2025, se fija un objetivo mínimo de 19.440 Mw, de los que algo más de la mitad, 10.000 MW son de fotovoltaica, tecnología que cuenta con un mínimo de 1.800 MW anuales entre 2021 y 2025.

Por su parte, la potencia mínima de eólica a subastar en este periodo es de 8.500 MW. En su caso, tras los 1.000 mW de este año, se prevén subastas por un mínimo de 1.500 MW entre 2021 y 2025.

Además, se fija también un mínimo de 500 MW para instalaciones termosolares. Esta tecnología, que no cuenta con asignación para 2020, contará con un mínimo de 100 MW anuales entre 2021 y 2025.

A continuación, la potencia mínima asignada a biomasa es de 380 MW. Empieza este año con 80 MW y después su cuota mínima baja hasta los 60 MW anuales entre 2021 y 2025.

Además, se contempla una cuota para otras tecnologías como biogás, hidráulica o maremotriz. En su caso, se prevé una asignación mínima de 60MW hasta 2025, con metas de 20 MW en 2022, 40 MW en 2024 y 60 MW al final del periodo.

Tras aprobarse la orden, cada convocatoria se concretará mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y que detallará las reglas de aplicación en cada subasta.

Este nuevo Régimen Económico de Energías Renovables resulta indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea.

Estos compromisos han sido planificados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.

Este mecanismo de subastas es complementario a otros instrumentos de impulso, como pueden ser las líneas de ayuda a la inversión en renovables financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), ejecutadas por el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), o los contratos de suministro de energía eléctrica a medio y largo plazo (PPAs).

A este respecto, fuentes del Ministerio señalan que las subastas permitirán alcanzar entre el 70 y el 80% del objetivo incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), por lo que el resto puede proceder de otros mecanismos.

Además, frente a las reservas de las grandes energéticas en relación con la necesidad de convocar estas subastas, defienden que su objetivo es que pequeños promotores puedan plantearse afrontar la construcción de este tipo de instalaciones, que sin esta ayuda solo podrían afrontar estas grandes corporaciones que no tiene problemas para financiarse.

Los adjudicatarios dispondrán de un plazo de seis meses para identificar la ubicación de las plantas y de 12 meses para lograr la autorización para construirlas. El plazo de puesta en servicio se fijará en cada subasta y dependerá del tipo de tecnología.

La orden, que ahora debe ser revisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permite también acudir a las subastas para acometer trabajos de repotenciación de instalaciones ya construidas, siempre que tengan una antigüedad mínima de 17 años, Asimismo, permite presentar proyectos híbridos.

Otros aspectos recogidos en la orden son que se permitirá fijar un precio máximo o que no se permite que un único operador obtenga más del 50% de la potencia subastada. Adicionalmente, se exigirá que la demanda supere al menos en un 20% la potencia ofertada y de no ser así se reducirá la potencia adjudicada.

El calendario, que es orientativo, se actualizará anualmente y estará orientado a la consecución de los objetivos de producción renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

El producto para subastar será la potencia instalada y los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación. Los mecanismos de apoyo podrán incluir varios productos diferenciados dirigidos a distintas tecnologías o conjuntos de tecnologías distinguibles por sus especificidades. Dentro de cada producto podrán establecerse reservas mínimas de producto a adjudicar a una o varias tecnologías.

Adicionalmente, la Resolución por la que se convoque la subasta podrá establecer requisitos y condiciones adicionales exigibles relativos a los compromisos adquiridos por el proyecto con el territorio, la estimación de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor industrial local, regional y nacional, así como, en el ámbito de la economía circular, las medidas contempladas en relación con el tratamiento de los equipos al final de su vida útil.

Con el objetivo de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar el ahorro para la factura eléctrica, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al mercado eléctrico.

La orden establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías más maduras con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de dicha capacidad.