Así lo argumentó en una entrevista en TVE recogida por Servimedia en la que animó a leer los documentos comunitarios de la Unión Europea de 2018 en los que se expresa “los riesgos y un plan de acción donde se pide a los países que tomen medidas”.

“No creo que haya nada de extraordinario en la orden española si uno se lee con atención el origen de la discusión comunitaria” porque parte de una “preocupación por la desinformación” que se vio en 2018 con una “gran dosis de injerencias de terceros países", expuso la ministra.

Y, acto seguido, afirmó que “la desinformación no se limita a países terceros. Lo hemos visto también en la pandemia en EEUU cuando a los ciudadanos estadounidenses se ha sugerido que beber lejía ayuda a combatir el Covid. Eso no es injerencia de países terceros, pero es claramente una desinformación. Eso es también lo que trata esta orden y lo que pedía la Unión Europea”, sentenció.

En este sentido, señaló de que “de lo que se trata es de preservar información veraz” y que cuando en Europa desde instituciones públicas se insta a un pacto con las plataformas digitales a cerrar un compromiso por una información veraz, las instituciones públicas “también” tienen la “obligación de garantizar” ese debate.

TODO A EUROPA

Por otra parte, Laya admitió su preocupación cuando se dirimen batallas nacionales utilizando a Europa o países terceros, "en muchos casos de manera desleal", cuando se le preguntó por las continuas apelaciones de Pablo Casado a la intervención de la UE y al daño que eso puede dar a la imagen del Estado de Derecho en España.

La ministra insistió en que se “haga política acusando a las instituciones españolas o malmetiendo o hablando mal, lo cual no significa no aceptar las críticas de la oposición”.

“No es cuestión de las críticas, sino tratar de echar balones fuerA escapándonos de una obligación que es ayudar a construir consensos en nuestro país”, dijo tras arremeter con la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial sobre el que la Unión Europea ya ha puesto el “dedo”. “No se trata de amordazar a la oposición sino evitar trasladar fuera de España debates que otras veces en Europa no se entienden”, concluyó.