Así lo precisó este jueves la delegada del Gobierno para el PNsD, Azucena Martí, durante su comparecencia en la Comisión de Salud y Sanidad del Congreso de los Diputados para informar sobre temas relativos al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021.

De este modo, el presupuesto ordinario de la delegación ronda, como en ejercicios anteriores, los 15 millones de euros, con una dotación inicial con cargo a los PGE de 12,2 millones de euros.

Este año se une a esta vía de financiación la procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que sumará unos cuatro millones de euros, y el programa europeo 'React-EU’, con otros 13, aproximadamente.

En cuanto a las partidas “más significativas” de la delegación, Martín hizo referencia a la financiación de actividades del Tercer Sector mediante dos convocatorias de subvenciones públicas por importe de 4,3 millones de euros.

La primera, con cargo al PGE de la delegación, con una dotación de 996.490 euros, a la que se unen 3,3 millones de euros con cargo a fondos europeos para mejorar la “respuesta” a las necesidades generadas en la atención a las personas con adicciones como consecuencia de la pandemia.

CCAA

Por lo que respecta a las comunidades y ciudades autónomas, Martí se refirió a los 8,7 millones de euros solicitados para establecer recursos terapétuicos y, por la vía de los PGE, se destinarán 3,2 millones de euros para financiar planes y programas municipales y autonómicos de prevención del consumo de drogas y de asistencia a drogodependientes, así como el mantenimiento de centros de día, atención y seguimiento de personas con trastornos adictivos y estancias en comunidades terapéuticas.

Además, hay presupuestados 3,9 millones de euros para las distintas entidades territoriales beneficiarias que podrán desarrollar actividades preventivas, de formación y de sensibilización en materia de adicciones y una cantidad superior al millón de euros para el Observatorio Español sobre Drogas y Adicciones.

En cuanto a corporaciones locales, el presupuesto contempla una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias con el fin de financiar también a municipios más pequeños y que incluyen 4,5 millones para programas de prevención y reinserción social y habitacional.

Entre los “avances” que estas cuentas permitirán implementar, Martí citó la mejora de la coordinación de políticas encaminadas a obtener el “más alto grado de protección posible” contra el acceso de jóvenes y adolescentes a sustancias y comportamientos “potencialmente adictivos”, especialmente el alcohol y el juego ‘online’.

Asimismo, hizo hincapié en las acciones de prevención, el impulso a programas residenciales para la población adicta más vulnerable o la ampliación de opciones terapéuticas en el ámbito del tratamiento sustitutivo para la adicción a opiáceos que faciliten la adherencia al tratamiento y optimicen la posibilidad de reinserción social.

También se refirió al liderazgo y financiación de proyectos de cooperación internacional o la financiación de actividades relacionadas con la disminución de la demanda o el control de la oferta.