Según informó el departamento de Celaá, entre las líneas de actuación están la prevención, detección y apoyo a las víctimas de acoso y violencia, especialmente a grupos vulnerables por motivos de género, origen, etnia, Lgtbi+ y discapacidad; el impulso de políticas educativas innovadoras que combinen la visión de los centros escolares como centros de aprendizaje y centros de convivencia; la participación de la comunidad educativa en la escuela como modelo de convivencia pacífica o la formación del profesorado, alumnado y familias en relación con la convivencia.

Los resultados del informe PISA 2018 indican que el índice de exposición al acoso entre los estudiantes de 15 años en España es uno de los más bajos de los países del entorno (un 17% frente al 23% de la media de la OCDE). Además, el alumnado español es el más respetuoso con personas de otras culturas, según ese mismo informe.

La ministra pretende, no obstante, mejorar esa convivencia con la futura Ley de Educación, que incorpora la asignatura de valores cívicos y éticos tanto en Primaria como en Secundaria. Pero Celaá tambien considera que prevenir y erradicar el acoso escolar y otros tipos de violencia "debe abordarse desde un enfoque profundamente educativo y no meramente sancionador. Se trata de establecer un clima de relaciones en los colegios e institutos que haga que todos nos sintamos conmovidos con el sufrimiento de los otros".

En este organismo están representados los principales actores del sector educativo. En él participan, el Ministerio, las comunidades autónomas, los principales sindicatos de la enseñanza, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres, confederaciones y federaciones de asociaciones de alumnos y organizaciones empresariales, y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), entre otros.