Su reflexión la efectuó durante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, al ser cuestionado sobre la letra pequeña del plan de pensiones colectivo de promoción pública anunciado por el Gobierno.

Arroyo excusó que “no tiene el nivel de detalle” que permita ofrecer muchas respuestas aún, pero explicó que obedece a las recomendaciones del Pacto de Toledo y la intención es “ofrecer una solución a aquellos colectivos que no pueden recurrir a un plan de empleo porque su empresa no lo tiene o porque no tiene una empresa”, citando como ejemplo a los autónomos.

Al contar con la promoción pública refirió que “tendrá la virtud” de que permitirá establecer “unas condiciones muy transparentes” y meterá competencia en el sector de los fondos de empleo con, por ejemplo, un nivel de comisiones inferior cuando son “muy altas” en el mercado y los clientes “tiene muy poca capacidad de negociación”.

“Un fondo público que tuviera suficiente volumen sería capaz de imponer unas condiciones más equitativas a los partícipes, con lo cual eso ejercería presión a la baja sobre las comisiones. Es decir, son ventajas para todo el mundo”, afirmó.

No obstante, se excusó de que no podía ofrecer gran detalle ya que su desarrollo corresponde hacerlo conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y reconoció que los planes de pensiones colectivos están “muy vinculados” a la negociación colectiva. Así, cualquier proyecto de ley al respecto que tenga que ser tramitado en el Parlamento debe “verse en el diálogo social”. “Al final estamos hablando de aportaciones de empresas y trabajadores”, apuntó.

Según señaló, la norma sobre este proyecto será “compleja, pero tenemos la ventaja, hasta cierto punto, de que vamos tan retrasados en este tipo de productos” y “tenemos buenos espejos donde mirarnos”. “Al final esto es cuestión también de mirar un poco qué están haciendo países de nuestro entorno y copiar las mejores prácticas”, alentó.