Así lo aseguró Escrivá en respuesta a la senadora del PNV Nerea Aedo, quien le pidió flexibilizar este requisito, que a su juicio deja fuera a un gran número de personas que no pudieron acreditar dicho grado de discapacidad durante todo el periodo de cotización que se exige.

Según el ministro, el Gobierno “dará máxima prioridad a la aprobación” de un desarrollo normativo que permita esta modificación, porque la regulación actual resulta “absolutamente insuficiente”.

También afirmó que en 10 años, apenas 2.675 trabajadores con discapacidad accedieron a la jubilación anticipada por este sistema. “Un año normal como 2015” apenas fueron 345, agregó. “Esto no es nada. Es muy triste y no se puede permitir”, subrayó.

Además, explicó que fue al ver estas cifras cuando comprendió que la regulación actual resulta “absolutamente insuficiente” y se comprometió a dar “prioridad máxima” a la resolución de este problema.

“Ahora que estamos trabajando para incorporar las recomendaciones del Pacto de Toledo” a la legislación de la Seguridad Social, el Gobierno abordará esta cuestión, contemplada en la resolución número 18.