En un comunicado, lamentó el documento de instrucciones emitido por la Dirección General de Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid dirigido a los Servicios de las Unidades de Programas Educativos y a la Red de Orientación Educativa y Psicopedagógica de los centros escolares sostenidos con fondos públicos, donde se establece que los estudiantes que deseen acceder a dichas plazas deben contar con un diagnóstico clínico y haber pasado previamente por modalidad educativa ordinaria con apoyos.

A su juicio, estos requisitos “dilatan” el acceso a dichos centros de los niños y niñas con discapacidad a edad temprana, “en un momento de su desarrollo vital para el fomento de su autonomía y desarrollo personal”.

El nuevo procedimiento no viene sino a sobrecargar los trámites a los que se enfrentan las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, “trámites y preocupaciones que no parece sensato incrementar en estos tiempos de pandemia”, criticó la entidad.

Afirmó que la puesta en marcha de “las medidas de apoyo necesarias, personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, tal y como recoge la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, “no ha de ser contemplada como algo extraordinario en ningún caso, sino como la garantía de derecho que los menores con discapacidad intelectual o del desarrollo requieren para disfrutar de una educación de calidad en igualdad de condiciones”.