Así lo explicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, que con el paso dado hoy remite esta normativa al Congreso de los Diputados.

Este proyecto es el siguiente paso que da el Gobierno en la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, tras el decreto que aprobó en febrero para dar respuesta a las movilizaciones de los agricultores de comienzos de año en protesta por el desplome de precios en origen.

Con ese decreto, se prohibió la venta a pérdidas y las ofertas engañosas en los puntos de venta, y ahora el Gobierno da luz verde a una segunda fase en la modificación de la ley que traspondrá la directiva comunitaria sobre cadena alimentaria.

Planas justificó la necesidad de aprobar esta nueva normativa porque “aunque el sector esté funcionando bien eso no hace que no tengamos algunos desequilibrios estructurales que tenemos que corregir”. Entre los datos de la buena marcha del sector, destacó que en los últimos 12 meses su actividad se ha incrementado un 6,9%, mejorando tanto las exportaciones como su saldo comercial.

“Los últimos datos en relación con el funcionamiento del sector primario y la cadena alimentaria son excelentes”, afirmó el ministro, quien detalló que los grandes objetivos de la norma son “dar mayor transparencia al funcionamiento d la cadena y a la formación de los precios, aportar equilibrio al funcionamiento en todos los eslabones y proteger al más débil, los agricultores y los ganaderos”.

Así, el proyecto de ley, junto a generalizar los contratos por escrito, amplía su ámbito de aplicación y la lista de nuevas prácticas comerciales desleales prohibidas, además de actualizar las infracciones y sanciones.

En cuanto al ámbito de aplicación, la ley no sólo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. También se aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España y otro de un tercer país.

En cuanto al ámbito material, además de los alimentos y productos alimenticios, se contemplan las materias primas y otros productos contemplados en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como el pan, el chocolate o la cerveza.

Además, se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, fruto de la trasposición de la directiva europea. La modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso) son algunos ejemplos.

Por otro lado, se incorporan nuevas infracciones o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Entre ellas, cabe señalar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (leve) o la obstrucción de la inspección (grave). Exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado que pasa de leve a grave.

Por último, se reconoce a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional. Será, además, punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Según explicó Planas, el objetivo del Gobierno es que la tramitación parlamentaria concluya durante el primer periodo de sesiones del año 2021, para que esté totalmente en vigor el 1 de noviembre de ese año.

Con ello, se incorpora al ordenamiento nacional la Directiva de 2019 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.