Así lo dijo en la rueda de prensa para presentar los detalles de los presupuestos de su departamento, en la que destacó que se están produciendo unos gastos asociados al coronavirus que deterioran las cuentas de la Seguridad Social y una vez que pase 2022 y 2023, emergerá la situación estructural del Sistema y eso “lleva al cierre del déficit en 2023”.

Este punto está en consonancia con una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en la que se insta al Gobierno a eliminar el déficit no más tarde de 2023 y en conjunto, el Ministerio pretende ir “rápidamente” con el cumplimiento de todas.

Escrivá repasó las tres líneas de actuación de su departamento en lo que respecta a las pensiones referidas a mantener el poder adquisitivo de estas prestaciones, continuar con la separación de fuentes de financiación del Sistema –en lo que se incluye el traspaso de gastos al Estado- y promover los planes de pensiones privados, particularmente los asociados a la empresa.

En lo que respecta a la revalorización de las pensiones conforme a los precios, el ministro indicó que se está trabajando en un mecanismo “permanente” y “previsible” para actualizarlas y que mantengan el poder adquisitivo y se llevará al diálogo social. Apuntó a la posibilidad de tener en cuenta un IPC medio “en un determinado periodo”, aunque incidió en que se debe abordar en el diálogo social y que el nuevo cálculo es “uno de los mecanismos fundamentales para dar certidumbre a los pensionistas”.

En cuanto al nuevo fondo para complementar las pensiones públicas que se promoverá desde el Gobierno dirigido a pymes y autónomos, el Ministerio pretende que la gestión se asigne por concurso abierto en un proceso de competencia, que tenga unas comisiones inferiores al 0,4% y haya libertad para entrar y salir del sistema. En este asunto también tiene competencia el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

También podrían adscribirse por defecto nuevos planes de pensiones de empleo que no tengan un fondo específico asignado y aquellos planes que lo decidan. Este fondo público, del que no se ha determinado su cuantía, incentivaría la competencia al poder canalizar inversiones de otros fondos de empleo que lo decidan con un bajo nivel de gastos.

El secretario de Estado apuntó que podría inspirarse en el modelo de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que hay vigente en el País Vasco.

“Tenemos mucho que trabajar todavía”, dijo Arroyo, quien señaló que el plazo para ponerlo en marcha es de un año y “pretendemos no agotarlo”.

En cuanto a desplazar la fiscalidad favorable de los planes de pensiones individuales a los de empleo, el Ministerio plantea que hasta 8.000 euros queden exentos de tributación para las aportaciones empresariales a los planes de empleo y reducir el alcance de las exenciones en los planes individuales desde los 8.000 euros de aportaciones a 2.000 euros.

Por otra parte, el ministro se refirió a sus planes para incentivar el retraso de la jubilación y dijo al respecto que es un tema al que “estamos dando la máxima prioridad” y “lo desplegaremos pronto”.

Por último, el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones fue preguntado sobre la prestación para padres con hijos en aislamiento que puedan tener Covid-19 o no y respondió que este asunto es competencia de su Ministerio y no de Trabajo y Economía Social, y dijo que es un tema “demasiado complejo”, que “es posible que haya que tomar medidas” en el marco del diálogo social.