La partida del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 correspondiente departamento dirigido por Teresa Ribera se incrementa un 132% respecto a las cuentas actuales. Los objetivos del ministerio son impulsar la transición ecológica sólida e inclusiva, reactivar la actividad económica e industrial del país con un modelo sostenible y respetuoso con los límites del planeta, dar un impulso masivo a las energías renovables, la eficiencia y la movilidad sostenible, restaurar y proteger la biodiversidad, impulsar la economía circular, y garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades en todo el territorio, entre otros.

Sin las dotaciones europeas, el presupuesto ministerial asciende a 5.502 millones de euros, un 4% más respecto al presupuesto actual. El Ministerio se propone avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que lleve a alcanzar la neutralidad climática en 2050 creando empleo y prosperidad respetuosos con el planeta, según informó Transición Ecológica.

RENOVABLES Y EFICIENCIA

La partida más importante de gasto corresponde a la transición energética justa e inclusiva, que supone 9.774 millones de euros, de los que 5.390 millones corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Cerca de 5.300 millones irán destinados al impulso de las energías renovables, la transición energética y la movilidad sostenible, mientras que los 90 millones restantes corresponden al Instituto de Transición Justa, orientados a dinamizar económicamente e identificar oportunidades y generar empleabilidad en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares.

En el desglose de los 5.300 millones de los fondos europeos destinados a la transición energética, 1.100 millones corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico; 1.900 millones al desarrollo masivo de energías renovables; 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país, y 600 millones a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado, especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) contará con 422 millones de euros de recursos nacionales. El presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) es de 422 millones de euros, un 25,12% superior que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón; de esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, 140 de ellos para prejubilaciones y bajas incentivadas. Es el primer presupuesto que incluye ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares. El bono social térmico se dota de 109 millones de euros.

MEDIO AMBIENTE

El presupuesto destinado a medio ambiente asciende a 2.452 millones incluyendo los fondos europeos, de los que 1.415 corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De estos, 601 millones de euros irán destinados a implementar la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, 500 millones a economía circular, 149 millones a preservación de los recursos hídricos, 144 millones a preservación del litoral y 21 millones a reforzar los recursos y capacidades en meteorología.

Estas partidas pretenden dar impulso a actuaciones de restauración ecológicas, incluyendo recuperación de ecosistemas, zonas afectadas por la minería y medidas de fomento de la conectividad y de reverdecimiento urbano. Las inversiones ambientales se centrarán también en la lucha contra los incendios, la gestión forestal sostenible y medidas de planificación y mejora de masas forestales.

El presupuesto previsto para 2021 pone el énfasis en la conservación de la biodiversidad marina, con el impulso áreas marinas protegidas, programas de conservación de especies y hábitats marinos y mejora del conocimiento del patrimonio natural, a través de sistemas de seguimiento y gestión de conocimiento de la biodiversidad.

En agua destacan las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales; actuaciones de conservación y restauración hidromorfológica; implantación de medidas de conservación y restauración en las reservas naturales fluviales; inversiones para mejorar la seguridad de las presas y los embalses, y actuaciones para mitigar el riesgo de inundación.

En la costa, las inversiones se concentran en actuaciones de adaptación al cambio climático, mediante la recuperación de zonas degradadas, lucha contra la erosión litoral y otras acciones de recuperación del dominio público marítimo terrestre.

RETO DEMOGRÁFICO

Las cuentas del Ministerio dotan por primera vez de presupuesto propio a la Secretaría General de Reto Demográfico, que dispondrá de una asignación de 19 millones de euros para llevar a cabo actuaciones dirigidas a desarrollar y afianzar proyectos que movilicen inversión, innovación, empleo y emprendimiento en el territorio, en coordinación con los entes locales y comunidades autónomas.

El reto demográfico se aborda de forma transversal en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina más de 2.500 millones, asignados a diferentes departamentos del Gobierno. El objetivo es la reactivación económica en áreas afectadas por la despoblación, el acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural y el impulso a la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico. Además, el Instituto para la Transición Justa prevé contar con un fondo propio de la UE de 85 millones en 2021 que tendrá impacto directo en reto demográfico.

Prácticamente todos los proyectos del Plan de Recuperación impactan en esta política, incluyendo un programa de rehabilitación energética y reto demográfico en municipios de menos de 5.000 habitantes con un presupuesto (350 millones en 2021), la extensión de la banda ancha ultrarrápida y de cobertura de banda ancha en movilidad de 30 Mbps (878 millones en los próximos tres años), el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuradoras en poblaciones de menos de 5.000 habitantes (más de 100 millones), la renovación de edificios y propiedades estatales (600 millones), así como planes relativos a sostenibilidad turística en zonas con riesgo demográfico, dinamización cultural del medio rural, desarrollo de la agenda urbana y rural en zonas despobladas o promoción de proyectos empresariales generadores de empleo joven.