El representante del ministerio público le imputa un delito de cooperación al suicidio y, al mismo tiempo, anuncia que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto", "atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable”.

El escrito de acusación, donde precisa que en este caso concurren las atenuantes de confesión y parentesco, señala que en 1989 María José, la esposa del acusado y con quien mantenía una relación sentimental desde 1982, fue diagnosticada de esclerosis múltiple, “una enfermedad crónica, degenerativa e incurable”.

A continuación, reseña que cinco años más tarde le fue reconocida un grado de discapacidad del 82 por ciento y que en 1996 le concedieron la "gran invalidez". “A partir de ese momento, la señora Carrasco necesitó del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria. Por ese motivo el señor Hernández solicitó una reducción de jornada laborar para atenderla”, indica la Fiscalía.

En 1999, el acusado se acogió a una excedencia laboral y, a partir de ese momento, “se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer”. Durante varios años la pareja realizó una “fuerte” inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas.

Se instaló incluso un equipo medicinal en el domicilio mientras que al mismo tiempo la mujer sufría un deterioro físico progresivo a consecuencia de la enfermedad, si bien, mantuvo siempre “íntegras” sus capacidades cognitivas.

Fue a partir de 2007 cuando Hernández comenzó a solicitar “reiteradamente” a las administraciones públicas ayudas para el cuidado y el tratamiento de la enfermedad de su mujer. Por ejemplo, ese mismo año reclamó una residencia especifica para enfermos de esclerosis múltiple, “denegándosela la Consejería de Familia y Asuntos Sociales”.

Dos años más tarde, el tribunal médico de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia reconoció a la fallecida el nivel I, grado III de Gran Dependencia, así como el derecho al Servicio de Atención Residencial.

“Sin embargo y pese al reconocimiento, nunca se le llegó a prestar el servicio reconocido, siendo el señor Hernández la persona que tuvo que asumir él solo todas las responsabilidades del cuidado, lo que le generó un profundo sentimiento de desamparo y abandonó”, explica el representante del ministerio público.

A partir de 2014, “en pleno uso de sus facultades intelectivas y consciente por ello de las consecuencias de ello”, la mujer exteriorizó, y no solo a su marido sino también a otras personas, su deseó acabar con su vida. Por ello, se pusieron en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente, donde recibieron asesoramiento. “Aun a pesar del avance de la enfermedad –añade la Fiscalía-, el nulo apoyo de las administraciones y la firme voluntad de María José de poner fin a su vida, el Sr. Hernández intentaba disuadirla o cuanto menos retrasar el momento”.

Sin tener constancia de la fecha determinada, pero antes de 2018, la fallecida, “que aun podía usar sus manos”, compró a través de Internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, “lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo”. Mientras, la situación de la mujer de Hernández empeoró aún más “sufriendo intensos dolores; más allá de los que podía soportar”.

En agosto de 2018 la mujer entró en cuidados paliativos y desde ese momento sufrió múltiples ingresos hospitalarios. “También desde esa fecha, las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”, precisa el escrito de acusación.

La Fiscalía recuerda que la última vez que la fallecida fue vista por un médico fue el 2 de abril de 2019 y que “en ese momento solo podía comunicarse con monosílabos, pero comprendía lo que le decían y mantenía íntegramente sus facultades intelectivas y volitivas”. En vista de la situación, e “incapaz ver poder seguir viendo sufrir a María José, desamparado por la falta de ayudas institucionales, y por las peticiones continuadas, serias, expresas e inequívocas de esta, el Sr. Hernández decidió finalmente ayudar a María José a poner fin a su vida”.

Así que, “consciente de que nadie más iba a ayudar a su mujer en el proceso de ingesta del pentobarbital sódico y que ella, por su estado, no podía hacerlo sola”, consensuó con aquella la forma en que la ayudaría.

Relata que, tal y como había acordado la pareja, sobre las 10.00 horas del día 3 de abril del 2019, “estando solos en su domicilio, Ángel, con la intención de cumplir el deseo de María José, que estaba inmovilizada en su cama, vertió el pentobarbital sódico que tenían en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo la señora Carrasco la que lo ingirió con la pajita. A los 10 minutos el pentobarbital sódico provocó la muerte de María José por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella”.

Acto seguido, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido. Y esperó en el domicilio a la llegada de una dotación Cuerpo Nacional de Policía a los que le contó lo que había hecho. Hernández fue puesto a disposición judicial el día 4 de abril y allí, “no solo relató todo lo ocurrido, sino que además aportó toda la documentación y videos sobre los hechos que tenía en su poder. Documentos estos, que redujeron muy notablemente, las gestiones para el esclarecimiento de los hechos”.