Antón realizó este anuncio durante su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, donde compareció para exponer el “grado de implantación de la ley”, para la que, tres años después de su aprobación, reclamó una “financiación suficiente”, reivindicó que se complete el desarrollo normativo en formación y respiro de cuidadores familiares y apoyó un sistema básico y uniforme de información.

Todas estas peticiones las expondrá en la Conferencia Sectorial, órgano de participación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, si bien, durante su comparencia en las Cortes, sostuvo que Castilla y León está por encima de la media nacional en la valoración y concesión de prestaciones.

En este momento, hay 35.785 beneficiarios con derecho a prestación, un 76% de los 47.393 que tienen reconocida la dependencia. De ellos, 31.937 tienen prestaciones reconocidas e identificadas, de los que 29.813 corresponden a prestación reconocida, 17.326 son servicios y 12.487 ayudas económicas de cuidados en el entorno familiar. A los 11.608 sin reconocimiento, podrá corresponderles prestaciones a partir de 2011 ó 2012 por tener reconocido el grado I y ser esa fecha la que marca la ley.

Con estos datos, Antón destacó que el 89,25% de las personas con derecho a prestación ya la tienen reconocida, lo que supone 21 puntos por encima de la media nacional, que está en el 67,96%, señaló.