Así lo indicó la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien destacó la importancia de estos PGE ante los retos económicos planteados por la crisis del Covid-19, señalando que son “una gran oportunidad para dar un salto de gigante en la modernización, el progreso y el bienestar” del país y su tejido productivo. Sobre las posibilidades de aprobarlo, la ministra afirmó que “si traemos el Presupuesto es porque entendemos que tiene apoyo suficiente para ver la luz”.

INGRESOS

Por el lado de los ingresos, la ministra explicó que se contemplan una mejora de los ingresos públicos del 14,7% en 2021, gracias a la mejora del ciclo económico y la previsión de crecimiento del PIB del 9,8% con el impulso de los fondos europeos. Sobre el conjunto de las medidas de ingresos incluidas en los PGE, la previsión de Hacienda es que tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que Hacienda calcula que aportarán todas las medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, el proyecto de PGE de 2021 incluirá subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales. El objetivo de estas medidas es dotar de mayor progresividad a este impuesto, según declaró Montero, que subrayó que estos cambios en el IRPF afectarán a 39.194 contribuyentes, el 0,17% del total, con un impacto de 491,4 millones de euros adicionales en la recaudación (144 en 2021 y 346 en 2022).

En la misma línea, el Ejecutivo plantea establecer la vigencia del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que hasta ahora era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%. Sobre este impuesto, además, el objetivo es que tanto la reforma del sistema de financiación autonómica como el grupo de expertos que se creará para revisar el sistema fiscal trabajen en su armonización entre las distintas comunidades para evitar el ‘dumping fiscal’.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años. El Ejecutivo estima que esta medida afectará a 1.739 empresas, el 0,12% del total, y que tendrá un impacto recaudatorio de 1.520 millones de euros (473 en 2021 y 1.047 en 2022). Sobre este impuesto, Montero explicó que la intención es que el grupo de expertos que estudiará la reforma tributaria ofrezca soluciones para reducir la diferencia entre el tipo efectivo y el tipo nominal.

En cuanto a la fiscalidad verde, se acerca la tributación del diésel a la de la gasolina, al reducir la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y aumentar el tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, acercándose a los 40,07 céntimos por litro de gasolina, aunque se mantendrá la tributación y bonificación del gasóleo profesional. Hacienda calcula que esta medida supondrá un coste de 3,45 euros más al mes para un consumidor medio y 500 millones de euros adicionales en la recaudación (450 en 2021 y 50 en 2022).

Por último, Montero anunció una revisión del impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998, incrementando el gravamen del 6% al 8%, de forma, resaltó la ministra, que seguirá “muy por debajo de la media europea y sensiblemente de países como Alemania (19%), Reino Unido (12%) o Italia (entre el 12,5% y el 21,5%).

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin; el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

Las cuentas de 2021 se basarán en un incremento del 53,7% en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que la semana pasada permitió el Congreso de los Diputados al reconocer la situación extraordinaria en la que se encuentra el país a consecuencia de la pandemia de Covid-19, lo que permite activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución Española y el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

GASTO SOCIAL

Por el lado del gasto, Montero destacó que los Presupuestos de 2021 supondrán “el mayor gasto social de la historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un 6,2%.

La mayor partida de gasto será la de pensiones, que, al revalorizarse en un 0,9%, en línea con la previsión de IPC, supondrán un gasto de 163.297 millones de euros, un 3,2% más que el Presupuesto homogéneo de 2020. Además, se incrementan en un 1,8% las pensiones no contributivas, mientras que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 0,9%.

La ministra también resaltó el “gasto sin precedentes” en Sanidad, al incrementarlo en 3.149 millones, un 75,3% más, hasta los 7.330 millones, incluyendo los fondos comunitarios. En este ámbito, el Ministerio de Sanidad destinará 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y reforzar la atención primaria.

Para Educación, los Presupuestos incrementarán su financiación un 70,2%, con 2.017 millones más. Excluyendo los fondos europeos, el incremento sería del 7,5%. En este sector, Montero subrayó que la partida de becas tendrá la mayor cuantía de la historia, al alcanzar los 2.090 millones de euros, lo que supone un aumento de 514 millones. Además, se incluyen recursos para ampliar la educación infantil de 0 a 3 años en colaboración con las comunidades autónomas y se dota de 1.500 años en cuatro años al Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Por otra parte, la partida para el desempleo se incrementa en 4.191 millones de euros, un 20,1% más; se incrementa en un 5% el Iprem, indicador de referencia para recibir diversas ayudas, subsidios y subvenciones; y se destinarán más de 2.250 millones para políticas que promueven el alquiler asequible, la construcción y rehabilitación de viviendas, un 25% más.

En cuanto a las políticas destinadas a los Servicios Sociales, su financiación se incrementa en 2.147 millones, lo que supone un 70,3% más (un 32,1% sin contar los fondos comunitarios). En concreto, la dependencia recibirá un aumento de financiación del 34,4%, mientras que 3.017 millones de euros se destinarán al Ingreso Mínimo Vital (IMV) y los recursos contra la pobreza infantil y la protección de las familias más vulnerables se incrementan en 60 millones, lo que implica un aumento del 59%.

I+D+i E INFRAESTRUCTURAS

Con el objetivo de promover el cambio de modelo productivo, las partidas destinadas a la investigación civil alcanzarán los 11.483 millones, lo que supone un aumento de 5.106 millones de euros, un 80,1% más. En esta estrategia se enmarca el programa de gasto en investigación y desarrollo tecnológico-industrial, con un aumento de 445 millones. Además, para la digitalización se contemplan 256 millones para financiar la Estrategia de Impulso al despliegue de 5G.

La defensa del medio ambiente y el impulso a una economía circular tiene su impronta en los Presupuestos con un aumento de 5.690 millones de euros en las políticas de industria y energía, cuyo objetivo es promover un modelo productivo más sostenible y descarbonizado.

Por último, la política de infraestructuras aumentará su dotación en 6.161 millones, un 114,8% (un 27,3% si se excluyen los fondos comunitarios); mientras que se aumentará en 1.338 millones las partidas para el turismo, el comercio y las pymes.