La regulación pactada entre ambos partidos, que desbloqueó la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pretende aprobarse en la próxima Ley de Vivienda en un plazo de cuatro meses, pero, según Toribio, “ya se están observando caídas de precios en el mercado, por lo que carece de sentido regular ahora”.

“No soluciona el problema estructural que sufre el sector en España: la falta de oferta de vivienda en alquiler, sobre todo social y a precio asequible”, señaló la directora general de Asval, quien consideró que la regulación “supone un golpe a la seguridad jurídica de los operadores del mercado, la amplia mayoría de ellos familias, que afectará a las inversiones futuras en el parque de vivienda”.

Desde Asval apuntan a Cataluña, donde el pasado mes de septiembre entró en vigor una nueva regulación de precios que sostienen que “frenará aún más el mercado del alquiler”. “Asimismo, la regulación catalana está generando un mercado negro de contratos que han salido ya del registro de la Generalitat”, denunció Beatriz Toribio.

Desde la asociación rechazan también la decisión de extender la nueva legislación a los contratos ya existentes porque “incrementa aún más la inseguridad jurídica existente en el mercado” y hacen alusión a las alertas del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de los “efectos perniciosos” que pueden tener el control de la oferta y precios.