Así lo declaró Castro-Girona ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde se felicitó de que “por primera vez, el Código Civil trate la discapacidad como una cuestión de derechos humanos”. “Tienen la oportunidad de conseguir que las personas con discapacidad y sus familias cumplan un sueño”, dijo a los diputados.

Explicó que la reforma insta a los poderes públicos a proporcionar los apoyos que “garanticen la accesibilidad jurídica” a estas personas y acaba con la sustitución de su voluntad mediante la figura del tutor, que desaparece. También recoge el establecimiento de salvaguardias para evitar los conflictos de intereses y protegerles de posibles abusos.

Sin embargo, Castro-Girona echó en falta “una mayor preferencia por los acuerdos de apoyos voluntarios” en el texto que actualmente tramita el Congreso. Aunque se habla de ellos, muchos artículos del proyecto de ley “van directamente a la resolución judicial".

Destacó que, en concreto, el artículo 253, “clave en la definición del sistema de apoyos, no consagra de forma clara este tipo de acuerdo”, que sería "lo más deseable y lo que a la persona le va a permitir crearse ese traje a medida que necesita para ser autónoma”.

Del mismo modo, pidió la creación del Consejo de Apoyo para asesorar a las personas con discapacidad intelectual; reclamó más garantías de accesibilidad, en línea con las enmiendas presentadas por la ONCE, y propuso ciertas modificaciones respecto a los actos testamentarios.

También reclamó cambios para que la curatela representativa, “que debería ser excepcionalísima, no se termine por generalizar”, y destacó que no se pueden poner cortapisas en cuanto al consentimiento referido a los apoyos.

Finalmente, Castro-Girona criticó la creación de un libro especial en el registro de bienes inmuebles sobre acuerdos comerciales de estas personas. A su juicio, se trata de “una medida desproporcionada, que atenta contra su derecho a la intimidad y que tampoco protege a quien dice proteger”. “Las personas realizan los actos jurídicos como casarse, comprar una vivienda, realizar una venta, divorciarse… antes de publicitarlo en ningún registro”.

Por tanto, “es en el momento de otorgar el consentimiento cuando se debe proteger a estas personas”, afirmó. “Nada se consigue incluyéndolas en un libro específico donde se vulnera su derecho a la intimidad”. “Son los funcionarios de los juzgados quienes deben velar para que no se produzcan abusos o conflictos de intereses en estos casos”, pero “un libro aparte supone una clara discriminación”, concluyó.