Según fuentes cercanas a las negociaciones consultadas por Servimedia, la intención es cerrar el texto para llevarlo a la comisión la próxima semana y dar unos días a los grupos para que preparen votos particulares si lo consideran antes de debatirlo en el Pleno del Congreso de los Diputados, con lo que en noviembre se podría conocer el texto definitivo.

La comisión tiene ya acordada la revalorización de las pensiones conforme al IPC real y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas por ley.

En el Plan Presupuestario para 2021 remitido recientemente a Bruselas, el Ejecutivo indicó que se actualizarán conforme al IPC pero sin determinar su cuantía, aunque el cuadro macroeconómico recoge un deflactor del PIB -indicador que mide los precios de todo los bienes y servicios producidos- del 0,9% para el próximo año.

Según lo que ha trascendido del borrador de recomendaciones, el Pacto de Toledo también vería como un paso importante para equilibrar las cuentas la separación de fuentes de financiación y que los incentivos al empleo no se paguen con las cotizaciones sociales.

En este sentido, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya presentó en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en septiembre las líneas de actuación de su departamento sustentadas en el borrador del Pacto de Toledo y a la espera de que las recomendaciones sean firmes.

Entre esas líneas de actuación figura traspasar una serie de gastos considerados “impropios” al Estado por un importe de 22.871 millones de euros que, de liberarse de ellos, la Seguridad Social no tendría déficit.

En concreto, una parte de las políticas no contributivas se está financiando con las cuotas y suponen 11.305 millones, a los que se añaden 1.818 millones por reducciones de cotización como tarifas planas de autónomos, 2.953 millones por la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, 1.082 millones del complemento de maternidad, 1.014 millones por subvenciones a regímenes especiales, 788 millones derivados de completar las lagunas para el cálculo de la pensión de jubilación y 3.911 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social.

También, la comisión del Pacto de Toledo abogaría por considerar prolongar la vida laboral teniendo en cuenta el alargamiento de la esperanza de vida y plantearía estudiar que se puedan elegir los mejores 25 años de cotización para calcular la pensión.

En este punto, el departamento de Escrivá ha propuesto incentivar la jubilación demorada con mayores incentivos y con fórmulas de compatibilidad del trabajo y la pensión, así como corregir los elementos “distorsionantes” de las jubilaciones anticipadas voluntarias dado que los coeficientes reductores de la pensión repercuten en mayor medida sobre quienes han cotizado por una base menor.

En cuanto a los planes de pensiones privados, el Pacto de Toledo quiere que se impulse de forma preferente los planes ligados al empleo y para ello Escrivá pretende desplazar la fiscalidad favorable de los planes individuales a los de empleo y reducir su coste de gestión creando desde la administración un fondo de pensiones de empleo.

Para los autónomos, el Pacto de Toledo también apuesta por aproximar sus bases de cotización a sus ingresos reales. Las organizaciones representativas del colectivo ya están trabajando con el Ministerio en el nuevo sistema.

La última actualización de las recomendaciones del Pacto de Toledo fue en 2010 y el mandato es revisar al menos cada cinco años el grado de cumplimiento.

Además, el Gobierno presentará en Europa la reforma de pensiones sustentada en el acuerdo parlamentario como una de las reformas estructurales para acceder a los fondos europeos.