El Consejo de Ministros aprueba el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Plan Estratégico para la Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, con el que el Gobierno pretende transformar esta administración en los próximos tres años a través de diversos programas de actuación que han de permitir alcanzar "el objetivo inaplazable de una justicia profesional, ágil, clara, accesible para el ciudadano y prestada en tiempo razonable".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, fue el encargo de presentar el Plan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que compareció acompañado de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

El Plan se estructura en tres grandes políticas: modernización, protección y transparencia y cooperación, que se concretan en seis ejes estratégicos articulados a partir de 24 programas de acción en los que se prevén un total de 147 actuaciones.

Los objetivos de esta modernización son lograr: un servicio público de calidad, una justicia profesional y altamente cualificada, una justicia tecnológicamente avanzada, un servicio orientado a las personas y una mayor cooperación jurídica internacional.

CAMBIOS PARA 2012

Con el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia se persigue que, al finalizar el período 2009-2012, España disponga de un servicio público de Justicia puntual con los ciudadanos y equiparable en su rendimiento a otros servicios públicos avanzados.

Para ello, se incrementa en un 19% la planta judicial con la creación de 600 nuevas unidades judiciales (150 de ellas serán jueces de adscripción territorial), a razón de 200 unidades año. Al finalizar el período se dispondrán de 920 unidades judiciales adicionales, lo que significa un incremento de 19 por ciento de la Planta.

También se aumentarán 2.000 plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales. Correlativamente se convocarán 750 nuevas plazas de jueces (250 por año), hasta aproximarse a la media europea de jueces por cada 100.000 habitantes.

Se crearán 450 nuevas plazas en la carrera fiscal y 800 plazas para el Cuerpo Superior de Secretarios judiciales. Esto supone un aumento del 17% en jueces, el 20% para fiscales y un 20% de secretarios judiciales.

NUEVA OFICINA JUDICIAL

El Plan contempla el despliegue de la nueva Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal. Se espera que con ella la organización judicial gane en racionalidad y eficiencia.

Con ese fin se crearán servicios procesales comunes que trabajarán para distintos juzgados: el 100% de las salas de vista contarán con sistemas de grabación audiovisual y sistemas de videoconferencias, el 100% de las oficinas judiciales dispondrán de sistemas informáticos avanzados, las comunicaciones y notificaciones judiciales se llevarán a cabo electrónicamente, estarán desarrollados todos los portales de la Administración de Justicia y se pondrá en marcha la nueva oficina fiscal.

La nueva figura del Juez de adscripción territorial permitirá al Poder Judicial atender con jueces profesionales las necesidades de sustitución y suplencias en el ámbito territorial de cada Tribunal Superior de Justicia.

Además, desde el Centro de Estudios Jurídicos se impartirán cursos específicos de formación y alta cualificación para secretarios judiciales y el personal al servicio de la Administración justicia, dirigidos a una preparación especializada y orientada a las necesidades tecnológicas y de gestión vinculadas al nuevo modelo de oficina judicial.

Estará implementado y en plena ejecución el EJIS (espacio judicial de interoperatividad y seguridad) y las plataformas electrónicas de intermediación. Esto garantizará la interoperatividad de los sistemas informáticos del Estado y las comunidades autónomas, permitiendo a todos los juzgados y tribunales, operar entre sí y con el Ministerio Público.

CONSULTA POR INTERNET DE LOS DATOS

Con estas mejoras, los ciudadanos podrán consultar sus datos personales y descargar certificaciones por vía telemática. Además, como estará comunicado de modo directo con otras administraciones públicas, la exigencia de aportar documentos acreditativos de la información registral será progresivamente suprimida.

La supresión de trámites y recursos, la desjudicialización del Registro Civil, la nueva Ley de Mediación y la reforma de la Ley de Arbitraje y del vigente proceso penal (jurisdicción que representa el 70% de los asuntos judiciales de nuestro país) permitirá contener el incremento de la litigiosidad y reducirla, aliviando la carga de trabajo de los juzgados y tribunales.

Esta contención, unida a las mejoras en la organización, aumentará la capacidad resolutiva anual de la justicia agilizando los tiempos medios de respuesta judicial, que podrán reducirse en un promedio estimable próximo al 30%.

MEJORES INSTALACIONES

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dispondrán de nuevas instalaciones y sistemas avanzados tecnológicamente. Los Institutos de Medicina Legal contarán con nuevos sistemas y recursos para mejorar los servicios que prestan a la Justicia.

Asimismo, se producirá un despliegue completo e integral de las oficinas de asistencia a las víctimas. Se dispondrá de Oficinas de asistencia a las víctimas desplegadas y en funcionamiento en el 100% del territorio MJU.

Habrá una nueva ordenación de la Planta y demarcación judicial. La Administración de Justicia dispondrá de una nueva planta y demarcación, más acorde con la realidad socioeconómica de España.

Se profundizará en el portal europeo de servicios jurídicos comunes mediante la ejecución del Plan de Acción E-justicia y se reformará la legislación procesal española en materia de derechos y libertades de acuerdo con el Programa de Estocolmo.

Finalmente, el Plan incluye un esfuerzo presupuestario del Ministerio de Justicia para modernización que supone, en estos tres años, un incremento del 48 por ciento.

(SERVIMEDIA)
18 Sep 2009
PAI