Entre los firmantes figuran el exministro Miguel Sebastián; el exconsejero catalán Andreu Mas Colell; el expresidente de la CNMV Julio Segura; el presidente de Analistas Financieros Internacinales (AFI), Emilio Ontiveros, y José Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea.

Este grupo de economistas fundamenta su iniciativa en que “ante las consecuencias económicas de la crisis de la Covid-19, resulta urgente sentar las bases para la transformación de la economía española hacia una economía moderna, más eficiente y con una mayor cohesión social, que permita alcanzar una senda sostenida de crecimiento compatible con la conservación del medio ambiente”.

“Para ello”, señalan, “es preciso implementar inversiones y reformas que reduzcan la pobreza y las desigualdades económicas, faciliten un mayor acceso a tecnologías digitales y favorezcan la movilidad social".

Su conjunto de propuestas se articula en torno a ocho áreas: Ciencia, innovación y transferencia tecnológica; Energía, recursos naturales, medio ambiente y transporte; Fiscalidad y reforma de la Administración Pública; Sanidad y servicios sociales; Educación; Industria y turismo; Mercado laboral, y La economía del mundo rural.

Aclaran que algunas de sus medidas suponen “un aumento del gasto público que debería ser contemplado en el marco de un programa de medio y largo plazo, que garantice la sostenibilidad de la deuda pública en un contexto de elevado endeudamiento y déficits crecientes del sistema de pensiones”.

A su juicio, el Fondo de Recuperación Europea/Next Generation EU (Next) y el nuevo Marco Financiero Purianual de la UE permiten ampliar los instrumentos necesarios para acometer tales inversiones, que deberán complementarse con unos presupuestos renovados y con reformas, algunas de ellas en el marco institucional y regulatorio, que avancen al unísono hacia esos mismos objetivos.

Para la ejecución de sus soluciones, creen preciso crear “una oficina técnica profesional” que evalúe, gestione y supervise los proyectos.

CARGA FISCAL

En materia tributaria, proponen elevar la fiscalidad energético-ambiental a los niveles medios de la UE, un marco regulatorio “amigable” para la innovación y fiscalidad progresiva de las rentas de capital, así como un “programa para el afloramiento de la economía sumergida”.

En educación, abogan por el lanzamiento de un programa de refuerzo tecnológico y formativo para compensar las carencias educativas halladas en Primaria durante el Covid.

Respecto al turismo, postulan un “plan de ayudas para posibles períodos prolongados de cierre por Covid” y un plan de recuperación y reestructuración y de mejora de la calidad y la sostenibilidad del sector turístico.

En cuanto al mercado laboral, el documento pide que se use big data e inteligencia artificial en el SEPE y en los servicios autonómicos de empleo para facilitar el ‘match’ entre oferta y demanda de empleo, y la creación de una base de datos de acceso de vacantes laborales, con fácil acceso a personas en paro y a empresas.

En ciencia, plantean la aprobación de un Programa para el desarrollo de la inteligencia artificial, la robótica y la informática de alto rendimiento, tecnologías cuánticas y comunicaciones, y la creación de una “agencia estatal de innovación disruptiva”, “que promueva la inversión de riesgo allí donde no llega el capital privado, en particular en tecnologías para la transición energética y climática”.

En el ámbito energético e industrial, piden un programa de reindustrialización en apoyo de las nuevas tecnologías en industrias limpias, en línea con el New Green Deal; reformas en los peajes y un proyecto piloto local para la instalación de una red de puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos, así como de vehículos de hidrógeno.

El documento solicita programas de reforma y financiación para la eficiencia energética de edificios industriales y domésticos, así como de edificios públicos. Programas de ahorro energético, tanto en instalaciones como en transporte, y programas de estímulo a la generación de capacidad para la fabricación de equipos renovables.

Respecto a movilidad, los académicos firmantes piden un programa para el fomento del transporte público eléctrico o de hidrógeno en el mundo urbano. Impulso y refuerzo de la inversión en trenes cercanías de las grandes ciudades y en la red de trenes de mercancías.

En sanidad, son favorables a la creación de una “agencia nacional independiente de salud pública” que “identifique los riesgos sanitarios para la población y pueda ofrecer soluciones basadas en la evidencia científica”, y la “incorporación de forma urgente y sistemática de los criterios de evaluación económica a las decisiones de financiación pública de las prestaciones sanitarias”.

En el encabezado de la lista de los 137 economistas adheridos al escrito hay una nota aclaratoria que señala que “los firmantes del documento pueden discrepar de alguna de las actuaciones propuestas, pero declaran respaldar por completo la iniciativa".