“Desde el respeto institucional a quien ostenta la facultad de impulsar las iniciativas legislativas que contempla nuestro ordenamiento jurídico”, la Sala expresa su profunda preocupación ante la iniciativa. Y lo hace porque la reducción de esas mayorías elude “el necesario consenso parlamentario” y “dejar en manos de la mayoría política -sea cual fuere- la conformación del órgano llamado a velar por la independencia judicial”.

Así, denuncia que esa modificación legislativa provocaría una distinción de requisitos entre unos vocales y otros. Además, explica la Sala, ese nuevo sistema se alejaría de los postulados repetidamente defendidos por las diversas instituciones europeas, “que vienen proclamando desde hace tiempo la necesidad de descartar la imagen de politización de la Justicia que se proyecta con la designación política del Consejo General del Poder Judicial”.

El TSJM indica que la reforma también “se aparta de las advertencias contenidas en la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que defendió -no sin polémica- el acomodo del sistema de elección parlamentaria a la Constitución siempre que se respetase la necesidad de un consenso reforzado”.

A su entender, esta reforma implica, a juicio del TSJM, “un menoscabo de la separación de poderes que debe caracterizar a un sistema verdaderamente democrático, al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial, facilitando con ello una intromisión que colisiona con las bases del Estado de derecho”.

En cualquier caso, la Sala de Gobierno “confía en que se imponga la razón jurídica sobre cualquier otra premisa y se ponga fin al menoscabo que tal iniciativa proyecta en el ámbito de la seguridad jurídica y la credibilidad de la Justicia, expresando a la vez su firme deseo de que se alcance el necesario consenso entre los grupos parlamentarios para cumplir las previsiones establecidas en el texto constitucional en orden a la renovación del CGPJ”.