Durante el debate, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladará a la Cámara Baja la apreciación de que “España está sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria”, que será el argumento principal para poder activar la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución, que permite la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

En concreto, el citado artículo establece que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

De esta forma, en caso de aprobarse la activación de la cláusula, el Congreso dará validez al anuncio del Gobierno de suspender las reglas fiscales para 2020 y 2021, en línea con la decisión tomada en marzo por la Comisión Europea de suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acogiéndose también a una cláusula de escape, para permitir a los estados miembros hacer frente a la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus.

ELEVACIÓN DEL 'TECHO DE GASTO'

La aprobación de esta suspensión de las reglas fiscales es necesaria para refrendar decisiones del Gobierno como la elevación del ‘techo de gasto’ de 2021 en un 53,7% así como para permitir que las distintas administraciones no estén sujetas a la regla de gasto y puedan incurrir en déficit o aumentarlo, quedando también suspendida la senda de estabilidad que fue aprobada en febrero.

A este respecto, las previsiones anunciadas por el Gobierno en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el incremento del techo de gasto, y comunicadas el pasado jueves en el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea, estiman que en 2020 el déficit cerrará en el 11,3% y que en 2021 bajará al 7,7%.

De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.