Ambas figuras concluyeron su tramitación parlamentaria el pasado 7 de octubre con su aprobación definitiva en el Senado y estarán ya incluidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 que el Gobierno tienen intención de presentar en las próximas semanas.

Las conocidas como ‘tasa Google’ y ‘tasa Tobin’ son dos figuras fiscales impulsadas por el Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos que, al ser de nueva creación, han requerido su tramitación con sus correspondientes proyectos de ley de forma separada al proyecto de cuentas públicas. En los dos textos legislativos publicados por el BOE se señala que entrarán en vigor "a los tres meses de su publicación" en el BOE.

En concreto, la ‘tasa Tobin’ gravará con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Por su parte, la ‘tasa Google’ gravará con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Ambas figuras están incluidas también en el Plan Presupuestario que ayer, 15 de octubre, el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea con las políticas presupuestarias de 2021, dentro de un paquete de medidas fiscales con las que Hacienda prevé lograr una recaudación adicional de 6.847 millones de euros en 2021.

En concreto, el departamento dirigido por María Jesús Montero estima unos ingresos de 850 millones de euros con el Impuesto a las transacciones financieras y de 968 millones con el Impuesto sobre determinados servicios digitales. Ambas cantidades son las mismas que Hacienda ya calculaba cuando en febrero el Consejo de Ministros aprobó ambos anteproyectos de ley para iniciar su tramitación en el Congreso, antes de que tuviera lugar la crisis sanitaria de Covid-19 que ha derivado en una crisis económica para la que el Gobierno estima una caída del PIB del 11,2% en 2020.

En este sentido, según fuentes de Hacienda consultadas por Servimedia, el mantenimiento de estas estimaciones de recaudación para 2021 pese a la fuerte caída de la actividad en 2020 se debe a que la previsión de cara al próximo ejercicio es de “un fuerte crecimiento económico” y, en el caso específico del Impuesto sobre determinados servicios digitales, apuntan que grava actividades digitales que no se han visto tan afectadas por la pandemia.