Así se lo transmitió en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria. Martín explicó que los fondos de la PAC, que a partir de 2021 tendrán un nuevo modelo de aplicación, “son imprescindibles para estabilizar los mercados en niveles de precios dignos y proteger nuestro modelo agrario y rural frente a la competencia exterior, garantizando las rentas y competitividad de las explotaciones”.

Martín defendió la posición de la Comunidad de Madrid en el Consejo Consultivo de Agricultura respecto a las ayudas de la PAC, que no se ha sometido a votación ya que en este órgano sólo se realiza una exposición de los temas que se tratarán el Consejo de Ministros de la Unión Europea.

En este sentido, la consejera instó al ministro a que impulse en el Parlamento Europeo “una corrección del Marco Financiero Plurianual para garantizar los recursos necesarios para nuestros agricultores, ganaderos y medio rural”.

Una petición que la consejera espera que defienda el Gobierno central en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que se celebrará los días 19 y 20 de octubre en Luxemburgo.

El denominado Primer Pilar de la PAC, es decir, las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, supone para la Comunidad de Madrid en torno a 40 millones de euros anuales que benefician a cerca de 5.000 ganaderos y agricultores de la región.

Por ello, consideró Martín, es importante que se mantengan estos fondos, para garantizar las rentas y la competitividad de las explotaciones.

PARA EL CAMPO

Las ayudas de la PAC están orientadas al mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones agrarias, lo que favorece el mantenimiento de un campo vivo y activo. Además, el Ejecutivo madrileño cuenta con ayudas complementarias para las personas que trabajan en el campo, destinadas a la modernización y mejora de las infraestructuras agrícolas para estimular el comercio de los alimentos de la región.

Con este fin, el Gobierno regional invertirá más de diez millones de euros para que ganaderos, agricultores, corporaciones locales, microempresas y pymes del sector puedan impulsar, mejorar y promocionar su actividad agraria a través de esta línea de ayudas.

En cuanto a los pagos directos, Martín reiteró la necesidad de que el Ejecutivo central remita los informes de impacto que estas medidas tendrían en las comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid ha solicitado en diferentes ocasiones.

En estos informes, a juicio de la consejera, deben constar los datos de las medidas incluidas en el último debate de orientación sobre el futuro de la PAC, el nuevo cuestionario remitido referente a los fondos Feder, así como las ayudas asociadas y sectoriales.

La titular de Medio Ambiente defendió el sector agrícola y su estrecho vínculo para evitar los efectos del cambio climático, al señalar que “el carbono producido por el ser humano está fijado alrededor del 10%”, a lo que hay que sumar “la mejora de la tierra, la calidad de los cultivos y el medio ambiente, lo que hace que se contenga la erosión, la desertificación, favoreciendo, a su vez, la biodiversidad”.

Por último, Martín requirió al Gobierno central a realizar evaluaciones de impacto social, económico y ambiental de la 'Estrategia de la granja a la mesa', para “establecer una en la que el sector primario no pierda competitividad respecto a sus competidores internacionales por el cumplimiento de dichos objetivos, y que a día de hoy desconocemos”.