Así lo revela el estudio de revisión del gasto público sobre incentivos a la contratación y al trabajo autónomo presentado este miércoles y en el que se analizan siete tipos de incentivos entre 2012 y 2018, que supusieron en 2018 alrededor de 2.000 millones de euros y que en la actualidad cuestan 2.900 millones.

En concreto, la Airef ha estudiado los incentivos para menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres con infrarrepresentación en determinados sectores, los incentivos para transformar los contratos temporales en indefinidos, la tarifa plana para autónomos, las bonificaciones y reducciones autónomos X y los incentivos a contratar personas con discapacidad.

El estudio concluye con carácter general que los incentivos a la contratación tienen un efecto positivo limitado y deben reducirse y dirigirse a colectivos muy específicos de baja empleabilidad, para lo que pide definir unos indicadores que identifiquen a esas personas con menor probabilidad de encontrar trabajo, y adaptarse a las necesidades de cada momento. Para el momento de crisis actual, la Airef considera que se puede articular un plan temporal de incentivos para el colectivo de jóvenes.

Esta focalización permitiría aumentar las cuantías de esos incentivos y hacerlos más atractivos, según el informe, que también incide en vincularlos a la formación e incorporar herramientas de perfilado y de itinerarios para una atención más personalizada a cada demandante de empleo.

En cualquier caso, subraya que estas medidas no pueden sustituir a las reformas estructurales necesarias para reducir la temporalidad y el desempleo.

Los siete incentivos analizados supusieron un coste de 2.049,9 millones en 2018, correspondiendo el 32% a la tarifa plana de autónomos y el 22% del gasto a la conversión de temporales en indefinidos.

Destaca la tarifa plana para autónomos que se puso en marcha en 2013 y de la que el estudio señala que ha tenido un coste neto entre 34,2 millones y 41,5 millones.

Además, observa que esta medida contribuye a mejorar la supervivencia del negocio, pero el efecto desaparece al finalizar el incentivo y que ha beneficiado en mayor medida a quienes llevaban menos de un mes en desempleo y con un nivel de formación medio-alto.

Con ello, propone ir hacia un sistema de cotización acorde a los ingresos y mientras se define, mantener la tarifa plana dada la situación económica actual.