Su pronunciamiento lo realiza en atención de la Ley de Estabilidad, que exige a la Airef en su artículo 11.3 presentar un informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales para la aplicación de la cláusula de escape con carácter previo a la tramitación parlamentaria.

En dicho informe la Airef recuerda que, en el ámbito de las reglas fiscales, España está sometida a una doble regulación: la acordada a nivel supranacional en el marco de la Unión Europea (UE) y la establecida a nivel nacional.

A escala europea, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE contempla la existencia de una cláusula general de escape ante una situación de recesión económica severa que fue activada el pasado mes de marzo para 2020 y en septiembre se extendió hasta el próximo año 2021. Con su aplicación no se suspenden los procedimientos del PEC, pero se permite a los Estados miembros posponer y dejar en suspenso la senda de consolidación fijada con anterioridad a la crisis.

En el ámbito nacional, la Airef recuerda que la Constitución española y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Loepsf) también contemplan supuestos de excepción al cumplimiento de las reglas fiscales “en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las administraciones públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social”.

Precisamente el pasado 6 de octubre, el Gobierno acordó llevar a cabo la suspensión de las reglas fiscales españolas en 2020 y en 2021 y la Loepsf requiere que el Congreso apruebe por mayoría absoluta que España se encuentra en uno de esos supuestos que habilitan la activación de la cláusula de escape, previo pronunciamiento de la Airef sobre la ocurrencia de esos supuestos.

Se trata de un trámite previo necesario para dar cumplimiento al procedimiento legalmente establecido y, en el caso de que posteriormente resulte aprobado por el Congreso, poder hacer efectiva la activación de la cláusula de escape.

PLAN NACIONAL CON CALENDARIOS CLAROS

Así, en su informe la Airef constata ahora la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la Loepsf como consecuencia de la pandemia de Covid-19, puesto que la situación, “de carácter extraordinario y que escapa al control de las AAPP, está teniendo un fuerte impacto global en términos humanos, sanitarios, sociales y económicos”.

De hecho, recuerda que la propia presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ya reclamó en junio pasado la activación de dicha cláusula ante la Comisión de Hacienda del Congreso. Según el organismo, la situación creada por la pandemia podría suponer una contracción del PIB del 11,8% en 2020, que el déficit se dispare a una horquilla de entre el 11,9% y 14,4% del PIB y la ratio de deuda puede alcanzar un rango del 117,6-123,2% del PIB en 2020.

Bajo este contexto, la Airef juzga “pertinente” activar la cláusula de escape prevista en la Loepsf “para priorizar la respuesta de las AAPP a la crisis”. Para el organismo dicha suspensión, “lejos de implicar una relajación de la responsabilidad fiscal, debe llevar a las administraciones públicas a orientar sus actuaciones” y “a garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo”.

En este punto, la Airef refiere que, igual que ha recomendado en varias ocasiones activar dicho margen legal, también ha demandado varias veces que la estrategia de salida que se plasmara en un Plan de reequilibrio con calendarios claros.

A su juicio, el propio plan de Recuperación para Europa o 'Next Generation EU' que otorgará a las administraciones públicas cuantiosos recursos para la realización de inversiones y reformas y es plurianual, “refuerza la relevancia de contar con una planificación a medio plazo”.

De hecho, el organismo recomendó ya en julio establecer una estrategia nacional conjunta que asegurara la coherencia de todos los planes, tanto a nivel de administración nacional como europeo. Para “garantizar su implementación” alienta además a fijar un calendario “tentativo” para el cumplimiento de hitos, pero con elementos de flexibilidad por si, “en un contexto de incertidumbre como el actual, pudieran ser objeto de revisión”.

A juicio de la Airef, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 2021-2023 aprobado por el Gobierno sólo podrá considerarse un plan fiscal a medio plazo si recoge las previsiones de los principales agregados fiscales.

Por ello, el organismo insiste en aconsejar al Gobierno que realice dicha planificación fiscal nacional, ya sea dentro o no del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, con una estrategia nacional a medio plazo “que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas”.

Para ello estima necesario que se cuente con “todos los niveles de la administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad”, y teniendo en cuenta también los niveles de deuda pública y los riesgos fiscales, en especial, los asumidos por la gestión de la crisis de la Covid-19.

Asimismo, demanda un calendario tentativo para el cumplimiento de hitos y que el plan sirva de marco para los planes de reequilibrio de las administraciones públicas y para promover su coordinación con el plan de recuperación y resiliencia.