Los datos recogidos en el estudio demuestran el enorme esfuerzo económico que deben asumir para cumplir los protocolos en las 1.016 residencias y pisos tutelados que gestionan y en los que se atienden a más de 17.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Las medidas que han debido adoptar se concretan en nuevas contrataciones en los diferentes turnos de las profesionales de atención directa, obras de zonificación de las instalaciones, procesos de formación, compra de equipos de protección, incorporación de nuevas tecnologías y apoyo a las familias.

“Calculamos que la inversión que debe asumir cada servicio residencial para cumplir con este paquete de medidas frente a la Covid-19 se cifra en 110.000 euros de media”, destacó Santiago López, presidente de Plena Inclusión España. Esta cantidad incluye el coste medio (3.900 euros persona) que supone el apoyo y atención a cada persona contagiada por coronavirus que debe recibir una atención individualizada durante 14 días. Estas actividades son consideradas ya parte esencial de la tarea que realizan estos servicios.

Asimismo, Plena Inclusión se mostró preocupada por la falta de elevación de los precios-plaza, por parte de las administraciones públicas, que son los que permitirían hacer frente a estos sobrecostes.

Actualmente, según informa Plena Inclusión, las entidades están sufragando con fondos propios estos gastos extraordinarios, descapitalizando sus limitadas posibilidades económicas y financieras. “Nos enfrentamos a una situación límite respecto a la sostenibilidad de muchas de las entidades que gestionan 4.000 centros y servicios de apoyo a la discapacidad en todo el país”, denunció Santiago López, presidente de Plena Inclusión España.

La organización de referencia en España de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo -Trastornos del Espectro Autista (TEA), parálisis cerebral, síndrome de Down y otros- alertó de que en el caso de no revertir esta tendencia de aumento de costes y ante la falta de regularización de los precios públicos, existe un serio peligro de que se produzca en un breve plazo de tiempo una quiebra general de la red de apoyos a 140.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias en todo el Estado.

Por ello, Plena Inclusión llamó a la responsabilidad de las administraciones públicas competentes para que promuevan las medidas de reforzamiento necesarias para fortalecer a las organizaciones en dos líneas. Por un lado, compensar los gastos que ya se han realizado e invertir más fondos para hacer posible el refuerzo de plantillas, mejora de servicios y apoyos sanitarios, tecnología, reforzamiento de limpieza, compra de equipos, formación, apoyo psicosocial, reestructuración de equipamientos, asi como refuerzo de los canales de comunicación y accesibilidad especialmente la accesibilidad cognitiva.