De este número, el Gobierno estima que serán resueltos favorablemente entre 115.000 y 120.000 expedientes, con lo que el número total de ciudadanos extranjeros en situación legal en España alcanzará la cifra de unos 540.000.

Santiago Varela aseguró que "el Gobierno considera que la mayoría de los extranjeros que se encontraban en situación ilegal ha aprovechado esta oportunidad y pueden trabajar y vivir rgularmente en nuestro país".

El subsecretario de Interior elogió el "considerable apoyo social" que el proceso ha tenido, aspecto en el que hizo hincapié, "en la medida que contribuye a despejar algunas dudas sobre actitudes racistas o xenófobas en nuestro país".

También interpretó Varela los resultados del proceso de regularización como "un respaldo de la población a la política de extranjería", política que responde, según el responsable de Interior, "al deseo de integración, en la medida de loposible, de la mayor cantidad de extranjeros", pero también al "deseo de poder encontrarnos en una situación de 'borrón y cuenta nueva', a partir de la cual sean perfectamente identificables las situaciones legales y las ilegales".

CIFRAS PROVISIONALES

El balance provisional arroja que del total de los 132.934 expedientes, el Ministerio de Trabajo había resuelto, a 10 de diciembre, 84.446 (el 64 por ciento). De estos, 74.022 solicitudes son favorables, 7.140 negativas y 3.284 bajas (por ser ciudadans comunitarios, expedientes duplicados o desistidos). Además, otros 9.636 documentos de adhesión al proceso de regularización se encuentran pendientes de informe, ya sea acerca del contrato laboral o de antecedentes delictivos.

En cuanto a los 7.140 expedientes rechazados, 1.622 se debieron a haber presentado documentación falsa o contar con antecedentes policiales y el resto por haber llegado a España después del 15 de mayo de 1991.

Las comunidades autónomas que más solicitudes han recibido son ataluña (40.683) y Madrid (39.600), seguidas de Andalucía (14.579), la Comunidad Valenciana (10.616), Murcia (6.170) y, a mayor distancia, Canarias (4.156), Baleares (3.833) y todas las demás.

Como transcurre un plazo de tiempo entre la aceptación de la solicitud y el envío de la correspondiente tarjeta de permiso de trabajo y residencia, hasta el 10 de diciembre la Dirección General de Migraciones había cursado 60.872 tarjetas.

En cuanto al sexo de los trabajadores acogidos al proceso, según dats provisionales, el 67 por ciento son hombres y el resto mujeres.

De las tarjetas concedidas hasta ahora, el 92 por ciento son empleados por cuenta ajena, lo que significa, para los responsables de Trabajo, que los empresarios españoles "han colaborado" y "se han comprometido" con el proceso.

SECTOR TERCIARIO

Por sectores económicos, el terciario o de servicios absorbe el 60 por ciento de los trabajadores regularizados en el proceso extraordinario de 6 meses (entre el 10 de junio y el 10 de dicembre de 1991) ya concluido. Le siguen el agrario (16 por ciento), la construcción (15 por ciento) y la industria (6 por ciento).

De los 132.934 expedientes, casi la mitad (el 44 por ciento) corresponden a ciudadanos marroquíes, cerca de la cuarta parte son latinoamericanos y el resto de otros países, como China, Filipinas o Polonia.

Los altos cargos de Interior y Trabajo recalcaron en el curso de la conferencia de prensa que la Administración está empleando criterios flexibles a la hora de presetar la documentación, aunque también dejaron claro que quienes no consigan la legalización o entren a partir de ahora clandestinamente en España serán "invitados" a abandonar el país.

El perfil del ciudadano extranjero que trabaja en España y es regularizado es el de un hombre, de 20 a 35 años, que tiene a sus familiares en el país de origen (sólo el 18 por ciento cuenta con parientes que ya viven en nuestro país), que llegó como turista en los 2 últimos años, vive en un piso o apartamento alquilado, s capaz de mantener una conversación en español, piensa quedarse en España, trabaja en el sector servicios, gana unas 100.000 pesetas al mes y busca, porque no suele tenerlo, un contrato escrito de trabajo.

El subsecretario de Trabajo expresó su preocupación por el peligro de que algunos extranjeros pierdan su empleo y "caigan en el desánimo laboral", lo que podría acarrear (si transcurre un año) la pérdida del permiso de trabajo y residencia.

Para evitarlo, la Dirección General de Migraciones y l Inem están estudiando la implantación de programas especiales de orientación y capacitación profesional para estas personas.

Por otra parte, los responsables del Ministerio de Trabajo anunciaron que están considerando la posibilidad de fijar cupos de inmigrantes para 1992, que sólo permitirían el acceso a aquellos profesionales extranjeros de los que se carezca en nuestro país (por ejemplo, para el sector agrario, la construcción, ciertos técnicos, profesionales sanitarios, etc.).

Además, los fmiliares de los trabajadores regularizados que ya se encuentren en España disponen de plazo hasta el 10 de marzo de 1992 para legalizar su situación.