En su intervención, González Zapico expuso este dato para demostrar “la insuficiencia” ” de recursos destinados a la salud mental en el sistema sanitario español. Por ello, exigió un aumento urgente de esta inversión, que “ahora mismo resulta aún más acuciante” debido a la crisis del Covid-19.

Destacó que, según un estudio en 130 países llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 60% de los pacientes con problemas de salud mental han visto interrumpidos sus programas de psicoterapia y apuntó que además todas las necesidades han aumentado en general.

Bajo el lema ‘Salud mental y bienestar, una prioridad global’, las reivindicaciones de este año “tan especial” se centran en reclamar “un aumento de recursos para asegurar el acceso a la prevención y a la atención de calidad” en este ámbito a todos los ciudadanos.

“La salud mental es parte integral de la salud, y no hay salud sin salud mental”, declaró el presidente de la confederación. “No caigamos en el error de considerarla un privilegio”.

La lectura del manifiesto corrió a cargo de Elena Briongos, presidenta de Salud Mental Castilla y León y miembro del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona. Además del aumento de la financiación, el texto pide que todos los tratamientos y estrategias terapéuticas “se aborden desde un enfoque de derechos” e incide en la limitación de las técnicas de contención mecánica.

En el acto, que fue transcrito en directo a lengua de signos, participó a través de vídeo el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Celada.

Recordó que una de cada cuatro personas en el mundo “han tenido, tiene o tendrán algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental a lo largo de su vida”.

Por ello, instó a las administraciones públicas competentes, a los ciudadanos y a los profesionales a reivindicar “mayor inversión en salud mental”, que permita entre otras cosas reforzar la atención primaria y mejorar la formación de los profesionales, e impulsar un modelo de atención comunitaria para que la persona permanezca en su domicilio.

Además, defendió “una educación verdaderamente inclusiva” y la puesta en marcha de una asignatura de educación emocional en el currículum; fomentar la inserción laboral de este colectivo, y diseñar una estrategia específica para llegar a los grupos más vulnerables, como pueden ser migrantes, personas sin hogar o mayores.