De estas, según informa Transportes, 1.849 serán viviendas públicas promovidas por gestión directa del consistorio barcelonés y el resto, 1.765 viviendas, se promoverán licitando derechos de superficie sobre suelo público mediante colaboración público-privada.

Tras la firma del protocolo, el ministro José Luis Ábalos aseguró que este documento señala el camino a otros grandes ayuntamientos para movilizar suelo y aumentar la oferta pública de vivienda como la forma más eficaz de intervenir en el mercado de la vivienda y, especialmente, en zonas muy tensionadas por la escalada de precios del alquiler.

A este respecto, el responsable del departamento señaló que el hecho de que 1.765 viviendas, de las 3.614 contempladas, se impulsen en colaboración público-privada, cediendo la explotación del alquiler a las empresas promotoras a través del derecho de superficie, sienta un precedente muy positivo a la hora de buscar soluciones que permitan reactivar la economía e incentivar el emprendimiento productivo y la creación de empleo.

Por último, el ministro destacó que convenios como el firmado hoy entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Barcelona tiene mucho de recuperación, transformación y resiliencia en lo que atañe no sólo a la gestión de las políticas de vivienda en España, sino también a la relación entre el Gobierno y el resto de administraciones del Estado.

El protocolo firmado hoy tiene como objetivo establecer las bases generales de colaboración y cooperación mutuas para fomentar la promoción de viviendas en régimen de alquiler asequible o social en los suelos de titularidad municipal o de sus organismos dependientes, calificados para uso residencial de vivienda o dotacionales que admitan el uso residencial de vivienda dentro del municipio de Barcelona.

En este sentido, Transportes está impulsando el Plan 20.000, cuyo objetivo es el incremento del parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales para personas o unidades de convivencia con ingresos limitados en aquellos ámbitos en los que el mercado esté especialmente tensionado, como es el caso de Barcelona.

A su vez, el Ayuntamiento de Barcelona, como mandata su Plan por el Derecho a la Vivienda 2016-2025 está trabajando para ampliar el parque de vivienda pública y público- privada para atender las necesidades de la población y cuenta con suelos de titularidad municipal calificados para uso residencial de vivienda.

Ambas administraciones acuerdan colaborar para acelerar la construcción de estas 3.614 viviendas, estando prevista una aportación estatal de más de 72 millones de euros.