En concreto en la finca Cabra Alta, que afecta a los términos municipales de Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera, Zahínos y Villanueva del Fresno, y en otras de los alrededores.

La Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura le permitió en 2018 realizar catas durante tres años en una superficie de 286 cuadrículas mineras y restaurar el terreno y, provocó el rechazo de los vecinos y de los alcaldes de las localidades afectadas, por lo que el Ejecutivo extremeño anuló en julio de 2019 el permiso que le concedió en 2018.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha estimado el recurso interpuesto por la empresa. En ese sentido, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx, confirma la resolución de la Junta que otorgaba el permiso de investigación denominado Ansar y la autorización de su plan de restauración. Contra la presente sentencia, con fecha 29 de septiembre, sólo cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.