Anticorrupción les atribuye 23 delitos fiscales en su intento por escamotear a la Hacienda pública 30,9 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía pide también 31 años de cárcel para el asesor fiscal de la trama, José Ramón Blanco Balín, y 14 años para el empresario José Luis Ulibarri.

Según el escrito de la fiscal Concepción Nicolás, Correa habría escamoteado al fisco el pago de 24,8 millones de euros entre los años 2000 y 2007. El dinero procedía de fuentes ilegales y al menos entre los años 1998 y 2009, el cabecilla de la trama habría conseguido eludir a Hacienda usando casi en exclusiva el pago en efectivo a través de una 'caja B'.

Para Anticorrupción, Francisco Correa se habría valido de un complejo entramado de empresas para eludir sus obligaciones fiscales y para obtener contratos públicos “sobornando a distintos cargos públicos”, al tiempo que ocultaba los pagos.

La práctica habitual de las empresas de la 'Gürtel' se basaba en la creación de facturas falsas que simulaban el pago por servicios que nunca se prestaron y que "no sólo facilitaban la deducción indebida de los correspondientes gastos, sino también la generación de fondos opacos con los que abonar parte de las dádivas entregadas a cargos públicos".

La Fiscalía acusa en su escrito a un total de 26 personas para las que pide penas que van desde tres a los 77 años que solicita para Correa y Crespo, por un total de 23 delitos contra la Hacienda pública y de blanqueo de capitales. Además, solicita 74 años de cárcel, para el que era considerado el contable de la 'Gürtel', José Luis Izquierdo.

Entre los acusados también se encuentra la exadministradora de las empresas de Correa, Isabel Jordán, para la que piden 21 años de prisión; los asesores financieros, Ramón Blanco Balín, al que solicita 31 años de prisión, y Luis de Miguel, con una petición de 27 años de cárcel. También figuran empresarios como Jacobo Gordon o José Luis Ulibarri, para quienes Anticorrupción solicita 23 y 14 años de prisión, respectivamente.

De Izquierdo dice el Ministerio Público que fue “indispensable” para poner en pie todo el entramado de evasión de impuestos y blanqueo de capitales. Describe también la estructura societaria creada por Correa para ocultar el origen de su fortuna, procedente de adjudicaciones irregulares.

La Fiscalía también da cuenta de la creación de una estructura financiera en el extranjero y en España por parte de Crespo para ocultar la procedencia ilegal de su patrimonio a través de la sociedad Cresva S.L.