Durante la reunión, Montero recomendó a las autonomías un déficit orientativo del 2,2% del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, sería asumido por la administración central a través de una transferencia extraordinaria de 13.486 millones de euros. La suspensión de las reglas fiscales conlleva la anulación de los objetivos de déficit y deuda para 2020 y 2021, por lo que el 2,2% de déficit funcionará únicamente a modo de tasa orientativa y su incumplimiento, según aseguró la ministra, no conllevará ninguna penalización, aunque, en cualquier caso, la previsión es que en 2021 el déficit sea menor que el de 2020 y que en 2022 el control de la pandemia permita retomar las reglas fiscales.

Por otro lado, Montero indicó que en 2021 las comunidades contarán con unas entregas a cuenta de más de 105.589 millones, un nivel similar al de 2020 (105.868 millones, un 0,26% más), a lo que se sumará 9.076 millones de la liquidación del ejercicio 2019. En total, la financiación anual del modelo de financiación, tras descontar los ajustes por aplazamientos de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, será de 113.728 millones, 1.933 millones menos que el año anterior. Sin embargo, destacó la ministra, esa diferencia se compensará con un mayor margen de déficit público que el Gobierno se compromete a financiar a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Además de los ingresos derivados de la aplicación del sistema de financiación, Montero también apuntó que las autonomías contarán con 12.436 millones del fondo europeo ‘React-EU’, del que se les repartirá 10.000 millones de euros, mientras que los 2.436 millones restantes pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se distribuirá entre las comunidades para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.

REACCIONES

Sobre estas propuestas, fuentes del gobierno autonómico de Madrid consultadas por Servimedia consideraron que la tasa de referencia del 2,2% “es una barbaridad” que generará “una senda de desequilibrios”.

Por parte de Castilla y León, su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Javier Fernández, indicó que la información ofrecida por la ministra fue “palabra” por lo que prefirió esperar a tener la documentación por escrito para hacer una valoración definitiva. En cualquier caso, el consejero castellanoleonés indicó su petición de que en 2021 los repartos de fondos como la transferencia con la que Hacienda asumiría la mitad del déficit de las comunidades o los fondos europeos, se realicen en base a criterios que tengan en cuenta los desafíos demográficos, como la dispersión territorial, la superficie del territorio o el envejecimiento, en lugar de en base a la caída del PIB o criterios relativos a la cantidad de población.

En representación de la Región de Murcia, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, criticó que la ministra no indicase una fecha sobre cuándo se abordará la reforma del sistema de financiación autonómica así como que rechazara la petición de un fondo de compensación para las comunidades perjudicadas por el actual sistema, por lo que consideró la reunión “una oportunidad perdida para que se despejase la incertidumbre sobre el futuro financiero de las comunidades”.