La misión de dicho organismo es asesorar a la Alta Comisionada en la elaboración e implementación de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda2030, así como para contribuir a su divulgación entre la ciudadanía e impulsar el diálogo entre todos los agentes sociales, económicos y culturales para promover la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El recurso contencioso administrativo presentado por CCOO lo formula por el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales contra la orden que regula su composición y funcionamiento, alegando que dicho Consejo "tiene la consideración de órgano de participación institucional" y, por tanto, "sólo las organizaciones sindicales más representativas tienen acreditada y atribuida la capacidad para ostentar dicha representación institucional" y participar en su seno.

Según alega, la Ley de Libertad Sindical determina en su artículo 6 que los sindicatos con el 10% o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las administraciones públicas, cuentan con "una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación institucional como de acción sindical".

En concreto y, según CCOO, la misma determina que gozarán de “capacidad representativa a todos los niveles territoriales y funcionales para ostentar representación institucional ante las administraciones públicas u otras entidades y organismos de carácter estatal o de la comunidad que la tenga prevista”.

Conforme a los resultados de las elecciones sindicales en España, actualizados con cifras del pasado mes de junio, CCOO y UGT serían, por tanto, los únicos en disfrutar de esa condición al contar con un 35,5% y 32,1%, respectivamente, de representación sindical. El resto estarían por debajo del umbral del 10%: USO contaría con un 4,1% de representatividad; CSIF, con el 3,9 %, y CGT, con un 2,1%.

Sin embargo y según CCOO, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende dicho nuevo órgano, ha desoído la normativa aplicable, al “atribuir el mismo número de representantes (uno) que a los sindicatos reconocidos legalmente como más representativos CCOO y UGT a tres organizaciones sindicales designadas nominativamente por el Ministerio”.

Según CCOO, USO, CSIF y CGT “se encuentran muy lejos de haber obtenido en las elecciones sindicales el porcentaje mínimo de representatividad exigido por la Ley de Libertad Sindical para ostentar la capacidad representativa institucional” y denuncia que el Ministerio “les otorga, además, la capacidad de sumar sus votos para excluir de la Comisión Permanente del Consejo a CCOO y a la UGT”.

Para CCOO, la orden recurrida “realiza su particular selección de sindicatos con manifiesto desdén a la voluntad a lo que establece la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Organización Internacional del Trabajo y de las personas trabajadoras expresada en las urnas en las elecciones sindicales”.

Para CCOO, las diferencias de la representatividad ostentada por los sindicatos que hasta ahora pertenecían al Consejo y los que se incorporan con la reforma operada en su composición “son de tal magnitud que ponen en evidencia la arbitrariedad de la orden”, ya que tampoco ve justificado el por qué se incorporan a USO, CSIF y CGT “y no a un número superior o inferior de sindicatos u a otros que no tengan la condición de “nacionales”.

Así pide a la administración “respetar su regulación” que “atribuye el derecho de participación institucional en organismos públicos estatales y de comunidad autónoma a las organizaciones que tienen un especial respaldo electoral en el conjunto de las empresas y centros de trabajo”.