En la reunión celebrada a partir de las 13.00 horas de este lunes, la ministra expuso a los representantes autonómicos la decisión de suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2021 con el objetivo de facilitar la respuesta a la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de Covid-19.

Bajo este contexto, esta vez el CPFF no aprobó unos objetivos de déficit y deuda de cumplimiento obligatorio por parte de las administraciones en 2021, sino que Hacienda comunicó las previsiones de déficit que el Gobierno tiene de cara al cierre de 2020 y 2021, así como una tasa de referencia orientativa sobre la que las administraciones territoriales puedan elaborar sus presupuestos de 2021 y calcular el gasto que acometer en un ejercicio en el que estarán libres de cumplir con las reglas fiscales.

En este sentido, la titular de Hacienda subrayó que la suspensión de las reglas fiscales y de los objetivos de déficit y deuda no supone el abandono de la responsabilidad fiscal y la estabilidad presupuestaria por parte de los gobernantes de las distintas administraciones, pero aseguró que no cumplir la recomendación del 2,2% no conllevará ninguna penalización ni ajuste. “Quiero dejar claro que esta suspensión de las reglas fiscales no significa en ningún caso la suspensión de responsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, locales o del Ejecutivo de España”, afirmó, para a continuación agregar que la previsión es que ya en 2021 el déficit se reduzca respecto a 2020.

Sobre la posibilidad de que la administración central asuma la mitad de dicho déficit del 2,2%, Montero explicó que se trata de una transferencia que “es una suerte de fondo Covid” para el que habría que determinar unos criterios de asignación para las comunidades autónomas y que “servirá para seguir inyectando recursos y dejar el déficit en manos del Gobierno, permitiendo que las cuentas de las comunidades autónomas y la Seguridad Social estén más saneadas”.

La suspensión de las reglas fiscales va en consonancia con la decisión tomada por la Comisión Europea en marzo de activar la cláusula de escape que permite suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de forma temporal para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Con la celebración de este CPFF, la suspensión de las reglas fiscales y la recomendación por parte de Hacienda de que el déficit de las comunidades autónomas sea del 2,2% en 2021, queda anulada la anterior senda de estabilidad que fue fijada por este mismo órgano en febrero, cuando se determinó un objetivo de déficit para las autonomías del 0,2% del PIB para 2020 y del 0,1% para 2021.

Sobre la fijación de la referencia del 2,2%, Montero explicó que dicha cifra refleja la consolidación del déficit previsto para este año, que podría situarse en el 0,6% del PIB, y recoge también el Fondo Covid-19 (1,4% del PIB) abonado en 2020 y el 0,2% del PIB de menor financiación global que arroja el sistema de financiación.

Por otro lado, preguntada sobre si hay perspectivas de que la suspensión de las reglas fiscales se mantenga para 2022, Montero indicó que será la Comisión Europea la que lo autorice, pero que en estos momentos la perspectiva es que en 2021 haya disponible una vacuna que haga remitir la pandemia y que en tal caso en 2022 se retomarían las reglas fiscales y la senda de estabilidad con las que volver a reducir paulatinamente el déficit y la deuda.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Por otro lado, Montero indicó que en 2021 las comunidades autónomas contarán con unas entregas a cuenta de más de 105.589 millones, un nivel similar al de 2020 (105.868 millones, un 0,26% más), a lo que se sumará 9.076 millones de la liquidación del ejercicio 2019.

En total, la financiación anual del modelo de financiación, tras descontar los ajustes por aplazamientos de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, será de 113.728 millones, 1.933 millones menos que el año anterior. Sin embargo, destacó la ministra, esa diferencia se compensará con un mayor margen de déficit público que el Gobierno se compromete a financiar a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez.

Además de los ingresos derivados de la aplicación del sistema de financiación, Montero también apuntó que las comunidades autónomas contarán con 12.436 millones del fondo europeo ‘React-EU’, del que se les repartirá 10.000 millones de euros, mientras que los 2.436 millones restantes pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad, que posteriormente se distribuirá entre las comunidades para la adquisición de vacunas y para reforzar la atención primaria.