Así se expresó Fernández en un acto informativo organizado por el Consejo General de Economistas, donde anunció algunas de las modificaciones que quiere aplicar la CNMC en la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia.

A este respecto, destacó que desde su creación este organismo ha impuesto multas por más de unos 1.400 millones de euros en la lucha contra los cárteles y que ha desmantelado unos 40.

En cuanto a la subida de las multas a los directivos, defendió que se debe incrementar su fuerza disuasoria y recordó que en algunos países europeos pueden afrontar penas de cárcel y de inanhabilitación.

Otra de las demandas de la CNMC para esta reforma, que viene marcada por una directiva europea, son que se pueda ampliar hasta 24 meses, frente a los 18 actuales, el plazo de que dispone este organismo para llevar a cabo sus investigaciones.

Según indicó Fernández, este incremento del plazo permitiría a la CNMC organizar vistas orales lo que favorecería una mejor instrucción al contar con más tiempo para la valoración y el análisis de las pruebas y las alegaciones.

Por el contrario, Fernández se plantea que la CNMC podría contar con margen para rebajar los plazos en el análisis de las concentraciones, para ser más operativa.

Por último, demanda un sistema de terminación transaccional de las investigaciones, para que se puedan reducir los plazos cuando las empresas deciden aceptar la multa.