En el escrito, que divulgó el PP este sábado pero que aparece registrado con fecha de ayer, se exige a Batet que "rechace de forma contundente las agresiones dialécticas contra la Jefatura del Estado por parte de cualquiera de los diputados que forman parte de la Cámara" y, en particular, "se retiren del diario de sesiones las expresiones ofensivas e inaceptables proferidas por el diputado Gabriel Rufián al calificar de parcial y autoritaria a la Jefatura del Estado".

El presidente del PP, Pablo Casado, ya le pidió oralmente a Batet en la sesión de control del pasado miércoles que retirara esas palabras de Rufián, pero la presidenta contestó, como en otras ocasiones similares, que ella amparaba la libertad de expresión de los oradores.

En su escrito, el Grupo Popular recuerda que otras veces sí ha mandado retirar del diario de sesiones ciertas alusiones (aunque no la menciona, una muy característica ocurrió cuando la exportavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo dijo que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, era "hijo de un terrorista" por haber militado su padre en el FRAP) y describe su interpretación del Reglamento del Congreso como "errática y equivocada", "laxa" con los grupos que apoyan al PSOE y "rígida" con la oposición.

Respecto al caso concreto de Rufián, el PP apela al artículo 103 del Reglamento y subraya que "no es un precepto ambiguo, indeterminado o impreciso que requiera de un ejercicio de interpretación por parte de la Presidencia", sino que es "claro y taxativo" y "ordena, no aconseja ni sugiere". Según cita, los diputados y los oradores serán llamados al orden" cuando en sus intervenciones incurran en tres situaciones muy concretas.

Una de ellas, sigue citando, es "cuando profieren palabras que vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad". Y, a su modo de ver, decir que el Rey "es un diputado más" de un grupo parlamentario concreto, como Vox, y que le votó el dictador Francisco Franco, supone acusarle de "incumplir su función constitucional de neutralidad" y "verter el concepto ofensivo de una monarquía autoritaria y antidemocrática en su origen y en la actualidad".