Así lo hizo en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, que debate hoy las medidas de este plan presentado por el Gobierno y cuya financiación está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

El vicepresidente comenzó agradeciendo a las comunidades autónomas “el enorme esfuerzo por mantener durante este tiempo la atención a la dependencia, que es un pilar esencial del Estado del Bienestar”. Reconoció que “no han sido años nada fáciles” por los “recortes realizados desde el 2012 y las privatizaciones”, que dejaron “crítica” a la dependencia.

El plan contempla establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio, mejorar las prestaciones económicas estableciendo cuantías mínimas e incrementando las máximas o ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios.

Asimismo, plantea extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los tres hasta los seis años, agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema, incrementar el nivel mínimo de financiación, recuperar el nivel acordado de financiación y orientarlo a la consecución de determinadas medidas estratégicas de refuerzo de la dependencia.

También prevé revisar el actual modelo de copago o reconocer la aportación de los ayuntamientos reconsiderar su papel en el sistema de dependencia. El plazo previsto para la plena implementación de estas medidas es de tres años (entre 2021 y 2023).

Se estima que la subida prevista del nivel mínimo y la recuperación del nivel acordado supondría un aumento de 600 millones de euros en la aportación de la Administración en 2021 en comparación con el presupuesto actual. En los dos años siguientes, se plantea mantener el nivel acordado y actualizar las cuantías del nivel mínimo.

Además, la Vicepresidencia de Iglesias estima que, con el escenario del actual modelo de prestaciones y servicios, por cada incremento de un millón de euros invertido en dependencia se crean más de 37 puestos de trabajo, por lo que, en el primer año de aplicación del plan, podrían crearse en torno a 24.000 empleos nuevos.

Uno de los principales objetivos de este plan de choque es reducir las listas de espera, que arrastran una cola de 270.000 personas que ya tienen reconocida la dependencia, pero a las que no les llegan las ayudas. Muchos de ellos, de hecho, fallecen sin llegar a percibir las prestaciones a las que tienen derecho.

Para acabar con esta situación, el Gobierno propone aumentar el presupuesto estatal a la dependencia, que podría incrementarse en 2021 en 320 millones de euros, lo que supondría un aumento del 20% respecto a 2019. También prevé recuperar el nivel acordado con una dotación de 283,2 millones de euros anuales, igual a la que se suspendió en 2012.

Este incremento de la financiación se traduciría de varias maneras. Para empezar, el Gobierno propone recuperar las cuantías máximas existentes antes de la reforma del 2012 y analizar la posibilidad de establecer cuantías mínimas para cada grado y tipo de prestación económica. Así, se estima que 40.000 personas verían aumentada su prestación mensual.

PROFESIONALIZAR CUIDADOS

Asimismo, la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar se vería incrementada notablemente, al pasar a un máximo de 455,5 euros mensuales para el nivel más alto de dependencia y a 316 y 180 los niveles intermedio y moderado, respectivamente.

Además, el plan de choque recoge propuestas relacionadas con el la prestación de cuidados familiares como, por ejemplo, la posibilidad de que, en casos especiales en el que el beneficiario dependiente viva en zonas rurales y poco accesibles o deshabitadas, pueda actuar como cuidadora una persona vecina del municipio.

Otro de los objetivos del plan es tender a la profesionalización de los cuidados, al entender que el sistema actual del cuidado familiar contribuye a “reproducir la feminización de los cuidados y genera pocos puestos de trabajo”. De hecho, el 89% de los cuidadores familiares de personas dependientes son mujeres, según datos del Gobierno.

MÁS TELEASISTENCIA Y SIN COPAGOS

El plan de choque contempla, además, dar un impulso a la teleasistencia y definirla como “un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”.

Y es que actualmente hay 630.000 personas con dependencia con alguna prestación no residencial reconocida, pero que aún no tienen acceso a la teleasistencia. El Gobierno estima que, potenciando esto, un total de 870.000 personas más pasarían a beneficiarse de la teleasistencia.

El propósito es facilitar la atención domiciliaria de personas valoradas con dependencia moderada y grave, permitiendo la permanencia en casa como elección de cuidados en lugar del modelo de residencias. Para ello, el Ejecutivo ve necesario incrementar las intensidades en el sistema de dependencia y “avanzar en los servicios de carácter preventivo y de apoyo en el domicilio”.

Asimismo, contempla acabar con los copagos, pues, actualmente, de los 46 millones de euros que cuesta la teleasistencia, hay 8,8 millones que los ponen los propios beneficiarios. Las únicas comunidades en las que los dependientes no pagan por este servicio son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.