En sus respectivas ruedas de prensa previas a la Junta de Portavoces, los tres arremetieron en términos parecidos a la destitución judicial de Torra en aplicación de una disposición de la Ley Electoral que impide ocupar cargo público a alguien condenado por delito contra las administraciones. En su caso, por no haber retirado lazos amarillos y una pancarta del Palau de la Generalitat en la campaña de las elecciones generales de noviembre, como le ordenó hacer la JEC.

Esteban describió la sentencia como “una auténtica desproporción”, cuando “la base de la justicia es la proporción entre los hechos y las penas” y en este caso se trata del “máximo representante de Cataluña”, con lo que “las cosas hay que medirlas y ponderarlas en sus justos términos”.

En su caso, Errejón estimó que el hecho de que “una sanción administrativa acabe derivando en que el Tribunal Supremo cesa al presidente de una comunidad autónoma” supone tomar “una medida profundamente desproporcionada”.

Además, según el portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, es “inútil” porque no aprecia “en qué medida” puede ayudar a “una solución política y dialogada de la situación política en Cataluña”.

Por su parte, Rego interpretó que la inhabilitación “retrata a una justicia española que actúa por criterios políticos y muy poco democráticos”, y añadió que “no parece sensato en un Estado de Derecho” que la JEC actuara inicialmente como un tribunal ni tampoco que un tribunal como el TSJ de Cataluña “quite a un presidente”.

Finalmente, llamó la atención sobre el hecho de que “los tres últimos presidentes del Gobierno catalán han pasado por los tribunales”, lo cual “da la impresión de que, si los catalanes votan algo que no gusta a la caverna política y judicial española, lo resuelven por esta vía”.