El borrador contiene compromisos ambiciosos como la reforma de la Ley de Transparencia, implantación de la huella normativa, poner en marcha laboratorios de innovación y participación ciudadana, el establecimiento de sistemas preventivos de integridad, la regulación de los lobbies y la protección de denunciantes. Todo ello, acompañado de buenas prácticas sectoriales en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE) y medidas de formación, sensibilización y comunicación social.

La ministra indicó que el alcance de la reforma se perfilará en los procesos de consulta y audiencia pública: “Nuestro propósito es profundizar en las cuestiones más demandadas por la sociedad civil y por la ciudadanía”.

Darias recordó que el Gobierno de España ha asumido el firme compromiso de impulsar el diálogo permanente entre las administraciones públicas y la sociedad civil. Y en esa colaboración destacó del III Plan de Gobierno Abierto tanto su implementación como su evaluación, así como una mayor colaboración, claves que impulsan el IV Plan.

Desde que España se incorporó a finales de 2011 a la Alianza para el Gobierno Abierto se ha avanzado mucho en la promoción y consolidación en España de los valores que caracterizan el Gobierno Abierto, “que se encuentra estrechamente unido a la necesidad de mejorar la calidad de la democracia para afianzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Según apuntó la ministra, el balance global del III Plan de Gobierno Abierto, que finalizó en junio de 2019, fue el de la cooperación: “A diferencia de los anteriores planes, por primera vez en España el último Plan fue un logro del consenso del trabajo conjunto de las administraciones públicas y de estas con las organizaciones de la sociedad civil”.

El diseño del IV Plan, indicó, apuesta en mayor medida por la participación y la colaboración, “para conformar una estrategia de todos y para todos”, fruto del consenso y del acuerdo, y tiene un enfoque más ambicioso en los compromisos, en línea con las demandas de la sociedad civil y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Según explicó Darias, entre las novedades está la conveniencia de completar el proceso participativo con la celebración de talleres deliberativos con la sociedad civil, para valorar las propuestas ciudadanas y priorizar su incorporación al Plan y la incorporación al nuevo Plan de las iniciativas más innovadoras de las administraciones autonómicas y locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

AVANZAR EN TRANSPARENCIA

La ministra compartió la importancia del Portal de la Transparencia en España con datos: el número acumulado de solicitudes de acceso a la información a 31 de agosto suma 31.606, el 93,2% con tramitación finalizada. El crecimiento se produce cada año: 260 solicitudes mensuales de media en 2015 y 2016, que pasaron a 350 en 2017 y a 500 en 2018. El incremento fue mayor en 2019, con 620 solicitudes de media al mes.

En 2020 se registran cifras récord, con 859 solicitudes mensuales de media. Sólo en agosto se recibieron 1.657 solicitudes de acceso a información, de las que más de 1.000 corresponden a la tramitación de peticiones del Ingreso Mínimo Vital.

La ministra de Política Territorial y Función Pública destacó que el Gobierno de España reformará esta legislatura la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013, “para avanzar en la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, aumentar las garantías en el ejercicio del derecho de acceso a la información, incrementar la actividad de los órganos garantes, como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, e impulsar la participación ciudadana en las políticas públicas”.

Asimismo, en el calendario normativo para este semestre, la ministra ha indicado que el Gobierno aprobará el reglamento de la Ley de Transparencia. “Se ha recorrido un importante camino”, recordó la ministra, pero “todavía es preciso seguir impulsando la transparencia”, por lo que, anunció la próxima tramitación del expediente para que el Consejo de Ministros autorice la firma de adhesión del Reino de España al Convenio del Consejo de Europa, sobre el acceso a documentos públicos de 18 de junio de 2009.

Se trata del primer instrumento jurídico internacional de alcance general que tiene por objeto reconocer el derecho general de acceso a los documentos oficiales en poder de las autoridades públicas.

Además, informó que el Ministerio propondrá en breve a la persona candidata a la Presidencia del Congreso de Transparencia y Buen Gobierno, que tendrá que someterse a la consideración de la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados y obtener el respaldo necesario para su posterior nombramiento por el Consejo de Ministros.