La autoridad judicial tomó esta decisión tras escuchar las alegaciones de cada uno de los inmigrantes en contra de su internamiento. La instructora les ofreció la posibilidad de solicitar protección internacional, de acuerdo con las nuevas competencias que atribuyen a los jueces españoles la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (con sede el Luxemburgo) que el pasado 20 de junio, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por un magistrado del partido judicial de San Bartolomé de Tirajana, legitimó a los jueces españoles de instrucción para ofrecer protección internacional en los supuestos previstos por la ley de asilo, como es el caso de migrantes que huyen de una guerra.

Hasta que Luxemburgo no se pronunció, los jueces no podían hacer esta oferta, sólo la fuerza policial y el Ministerio Fiscal. Se trata de la primera vez que la resolución del Tribunal de Luxemburgo se aplica en el Archipiélago canario o al menos la primera vez de la que hay constancia oficial.

En base a las peticiones de asilo formuladas por cada uno de los 31 pasajeros de la patera, la magistrada instructora dispuso “no autorizar el internamiento” de los inmigrantes en el CIE. La Subdelegación del Gobierno proyectaba enviarlos al Centro de Internamiento de Hoya Fría, reabierto la pasada semana tras el cierre motivado por la pandemia de coronavirus.