Para la organización son “medidas draconianas” que han afectado a “miles de manifestantes pacíficos”. El informe, titulado ‘Arrested for protest: Weaponizing the law to crackdown on peaceful protesters in France’, recoge cómo la prohibición de manifestaciones tras el confinamiento “desembocó en la imposición injustificada de cientos de multas”.

También concluye que desde que finales de 2018 ya “se inició una serie de movimientos de protesta en todo el país” en las que “se vienen aplicando unas leyes poco precisas contra personas encargadas de prestar primeros auxilios, periodistas y quienes observan la situación de los derechos humanos, entre otras”.

“Las desproporcionadas restricciones de las protestas en la Francia de después del confinamiento son una continuación de una preocupante constante en la que la policía y el sistema de justicia atacan a manifestantes pacíficos. Detener a personas por soltar globos o llevar pancartas tiene un profundo efecto disuasorio en protestas legítimas”, declaró uno de los autores del informe, Marco Perolini.

Según el documento de Amnistía Internacional, “miles de personas han sido arbitrariamente multadas, detenidas, recluidas y enjuiciadas por actividades pacíficas que no deberían considerarse delito. En aplicación de los draconianos poderes en vigor a causa de la Covid-19 se han prohibido protestas y se ha multado a cientos de manifestantes”.

Según datos de la ONG, entre noviembre de 2018 y julio de 2019 se ordenó la prisión preventiva de 11.203 manifestantes del movimiento Chalecos Amarillos. Asimismo, en 2018 y 2019 más de 40.000 personas, manifestantes incluidos, fueron declaradas culpables en aplicación de unas “leyes poco precisas”, según el informe.

Las sanciones responden, en su mayoría, a “desacato a funcionarios públicos”, “participación en un grupo con el fin de cometer actos violentos” y la “organización de una protesta sin cumplir los requisitos sobre notificación”.

En concreto, el año pasado hubo, según Amnistía, 20.280 personas que fueron declaradas culpables de “desacato a funcionarios públicos”. Este delito está, a su juicio, “definido de forma ambigua” y “abarca todo lo que se considere que afecta a la dignidad personal o al respeto debido a un funcionario público”, y conlleva hasta un año de cárcel y multa de hasta 15.000 euros.

La ONG recoge algunos ejemplos como el de una protesta contra la violencia policial celebrada en Narbona en mayo de 2019, cuando, según el documento presentado hoy, cuatro personas fueron amonestadas por desacato por desplegar una pancarta que decía ‘Sí al lirio del valle, no a las balas de goma’.

También incluye un caso en Marsella sobre un hombre que profirió palabras malsonantes ante un policía que “estaba a punto de golpear a una mujer con la porra durante una protesta”, y que “fue golpeado a su vez, sometido a 24 horas de detención preventiva y condenado por desacato a una multa de 900 euros”.

Asimismo, la ONG recalcó que “hay que revisar con urgencia la ley que prohíbe llevar prendas que cubran la cara en reuniones públicas”, dado que éstas son actualmente una medida necesaria contra el coronavirus.

Con todo esto en cuenta, Amnistía Internacional concluye en su informe que “las detenciones y enjuiciamientos han tenido un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de reunión pacífica en Francia”, algo que “resulta irónico” porque se trata de “un país con una tradición larga y orgullosa de acción colectiva por el cambio social” que ahora está “criminalizando”.